SEVILLA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
La organización Facua-Consumidores en Acción ha sostenido este viernes que el Ayuntamiento de Sevilla "incurrió en una grave dejación de responsabilidades al no haber adoptado medidas contra Magrudis --empresa cuyos productos se sitúan en el origen del brote de listeriosis registrado el pasado verano en Andalucía-- tras haber constatado ya irregularidades en su primera inspección, que tuvo lugar en noviembre de 2016".
Así lo indica Facua-Consumidores en Acción en un comunicado en el que recuerda que, en un escrito presentado el 7 de noviembre, su equipo jurídico ha solicitado a la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, que investiga la causa por dicho brote de listeriosis, que impute por un posible delito de prevaricación a una responsable municipal, que la organización "confía en será citada como investigada en próximas fechas".
Además, en el mismo escrito, el equipo jurídico de Facua también pide que el Ayuntamiento de Sevilla sea considerado responsable civil subsidiario. Así, el consistorio tendría que asumir el pago de las indemnizaciones que se acordaran por encima del seguro de Magrudis --que "sólo cubre 300.000 euros"-- y de las cantidades que abonasen o fuesen embargadas a las personas físicas y jurídicas que resulten condenadas al pago de responsabilidades civiles.
Desde Facua explican que, en su última providencia, dictada el pasado 11 de noviembre, la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, ha requerido al Consistorio hispalense documentación relativa a las inspecciones que realizó en la sede del entramado y que le aclare qué actuaciones llevó a cabo --o si no emprendió ninguna-- al detectar diferentes anomalías y tras recibir la declaración responsable de la empresa para legalizar su actividad cinco años y medio después de que la hubiera iniciado.
De igual modo, la jueza ha citado, para que declaren como investigados el próximo 17 de diciembre, a los administradores solidarios de Comercial Martínez León SL, a un asesor del "entramado Magrudis" y al arquitecto que elaboró los documentos por los que presentaron al Ayuntamiento una declaración responsable para legalizar su actividad "cinco años y medio después de que la hubieran iniciado".
La jueza ha librado oficio al Servicio de Consumo de la Dirección General de Economía y Comercio del Ayuntamiento de Sevilla "a fin de que informen a este juzgado si se incoó algún expediente sancionador tras la inspección realizada el 24 de noviembre de 2016 en la sede de la mercantil Magrudis, SL, tras detectar que, aunque existe sistema de autocontrol, falta cumplimentar las diferentes hojas de registro".
Desde Facua apuntan que esa Dirección General dependía en la legislatura 2015-2019 del Área de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales del Consistorio, que tenía al frente a Carmen Castreño, actual coordinadora de las empresas municipales.
La directora general de Economía y Comercio era en ese periodo Esperanza Caro, que sigue ocupando el cargo en la actualidad, mientras que la jefa del Servicio de Consumo es Luisa Fernanda Jurado desde mediados de 2017, responsabilidad que anteriormente ocupaba Amparo Guisado, según sigue detallando Facua.
Por otra parte, "al constar únicamente las actas de inspección 24.875 de 24 de noviembre de 2016 y 24.613 de 18 de julio de 2017", la magistrada también solicita al Ayuntamiento que aporte "el resto de las actas de inspección realizadas" en Magrudis SL, "con indicación del personal que las llevó a cabo".
Asimismo, el Consistorio debe aportar, "en relación a las dos actas de inspección indicadas [de noviembre de 2016 y julio de 2017], así como en relación a otras, si existieran", documentación que acredite "el cumplimiento de la instrucción 118/2012, es decir, actas de recogidas de muestras de productos, comprobaciones sobre superficies, recogida de muestras del ambiente interior y comprobaciones sobre el tratamiento del aire interior".
En relación a la declaración responsable que Magrudis presentó en diciembre de 2018 en el Servicio de Protección Ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente y Parques y Jardines, la jueza indica que "igualmente deberá informar el Ayuntamiento de Sevilla si, iniciado el expediente 2173/18, y antes del 26 de agosto de 2019, se realizó alguna revisión o examen técnico de la documentación aportada en dicho expediente y quién era la persona responsable de dicha tarea, es decir, persona encargada y responsable del control posterior, revisión y examen técnico del expediente", indica la providencia citada por Facua.
La organización de consumidores detalla que el jefe del Servicio de Protección Ambiental "era entonces, y sigue siendo actualmente", Alfonso Pinto del Bot, mientras que el director general de Medio Ambiente fue durante la anterior legislatura Adolfo Fernández, que "continúa en el cargo" y "depende actualmente del Área de Transición Ecológica y Deportes, del concejal David Guevara", según Facua, que concluye precisando que, en la anterior legislatura, dependía del Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, que al igual que en la actual dirigía Antonio Muñoz".
