SEVILLA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
Las familias que ocuparon varias de las 220 viviendas protegidas construidas por la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa) en los suelos del antiguo barrio de Regiones Devastadas, rebautizado como Nuevo Amate, han advertido este jueves de que la denuncia promovida en su contra a cuenta de la usurpación de los pisos no ha sido retirada. Dado el caso, algunos miembros de estas familias prevén acudir este viernes al Ayuntamiento hispalense para recordar al Gobierno municipal del PP su compromiso de retirar la demanda.
María y Sonia, dos de las mujeres del colectivo de familias, han manifestado a Europa Press que pese a la decisión del Gobierno municipal del PP de retirar la denuncia, extremo anunciado en el pleno del Ayuntamiento por el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez, "no tenemos constancia de que la denuncia haya sido retirada". En ese sentido, han explicado que varios miembros del colectivo de familias prevén visitar este viernes el Ayuntamiento hispalense, en torno a las 10,30 horas, para intentar entrevistarse con algún miembro del Gobierno local y solucionar el asunto.
El asunto está conectado con el proyecto promovido por el Ayuntamiento para regenerar por completo el antiguo barrio de Regiones Devastadas, ubicado en el distrito Cerro Amate y ahora rebautizado como Nuevo Amate. Las antiguas viviendas de protección oficial de este barrio fueron demolidas y en su lugar han sido levantados cinco edificios que contienen un total de 220 nuevas viviendas protegidas, todo ello de la mano de la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla.
Los inquilinos de las antiguas viviendas protegidas, todos ellos arrendatarios, fueron realojados en viviendas municipales como medida transitoria y a la espera de que las citadas 220 nuevas viviendas estuviesen a su disposición. Una vez listas las nuevas viviendas protegidas, el pasado mes de septiembre sólo 71 de los inquilinos recogieron las llaves de los pisos que les correspondían, porque buena parte de este colectivo de ciudadanos no ha ejercido su derecho a habitar estas viviendas y optan por permanecer en las viviendas de realojo que les fueron asignadas.
Bajo la premisa de la necesidad de contar con un techo y la ausencia de recursos económicos para tal aspecto, cinco familias accedieron a varias de las viviendas protegidas actualmente desocupadas en esta promoción, pero sin contar con relación contractual alguna con los pisos. Emvisesa, como titular de las viviendas, denunció la usurpación de las mismas e inmediatamente después fue desplegado un cordón policial que ha cosechado diversas críticas a cuenta de sus rigores y restricciones. Las familias abandonaron las viviendas después de que la denuncia de Emvisesa se tradujese en su imputación por un presunto delito de usurpación con el correspondiente llamamiento judicial.
