SEVILLA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
El expresidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía y patrono de la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la CEA Santiago Herrero, y el presidente de la promotora Dolmen Juan Manuel Sanz Marin, han sido llamados a declarar los días 24 y 25 de abril por el Juzgado de lo Penal número 3 de Sevilla, que instruye el caso de una presunta estafa a raíz de una denuncia penal presentada por empresas suministradoras de la promoción de viviendas protegidas promovidas por dicha Fundación, según han indicado a Europa Press fuentes del caso.
Las fuentes han recordado que Herrero estaba citado para prestar declaración el día 5 de marzo, pero finalmente no compareció debido a que tenía una cita médica. Por su parte, Juan Manuel Sanz estaba citado para el 6 de marzo pero no acudió a declarar debido a que no se le ha podido entregar la citación judicial al no ser localizado.
Ambos empresarios estaban citados a declarar como imputados en el Juzgado de lo Penal número 3 de Sevilla, que instruye el caso de una presunta estafa a raíz de una denuncia penal presentada por empresas suministradoras de la promoción de viviendas promovida por la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la CEA.
Las empresas suministradoras de la promoción de 583 viviendas protegidas Isbylia, en Sevilla, promovida por la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la CEA abrieron lunes y martes la ronda de declaraciones ante la juez de lo Penal número 3 de Sevilla, que instruye el caso de una presunta estafa a raíz de una denuncia penal presentada por estas empresas suministradoras, donde Santiago Herrero y Antonio Carrillo tenían previsto declarar el 5 de marzo en calidad de imputados, algo que finalmente sólo ha hecho Carrillo.
Las empresas denunciantes son Diego y Viva CB, Euroclima 2000, Aplicaciones Maqueda, Procoenca, Industrias Tello Pintado, Gescon Instalaciones y Remoan SLU, Remoan e Inclitec, todas ellas responsables de ofrecer el servicio de suministro de climatización, albañilería, revestimientos o instalaciones de dicha promoción Isbylia, formada por 583 VPO y ubicada en Polígono Aeropuerto.
En la denuncia, estos empresarios piden que les paguen las cantidades adeudadas por dichos trabajos y aseguran que los denunciados actuaron "de común acuerdo y con la única finalidad de obtener un beneficio patrimonial ilícito, aprovechando el momento de auge inmobiliario, sobre todo en la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO), y organizaron un plan para enriquecerse con la construcción de estas últimas, valiéndose para ello de un entramado societario en el que están implicados una serie de organizaciones empresariales, como la CEA o Dolmen Consulting".
