SEVILLA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
Un vecino de la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra imputado en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares que investiga la juez Mercedes Alaya ha defendido este viernes su inocencia y ha lamentado estar asistiendo a "la película de terror más grande" que ha visto "en su vida".
La magistrada imputa a este vecino de Cazalla, identificado como Antonio Diéguez Viera, que, en base a un supuesto proyecto para crear un alojamiento rural en el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, conseguiría "en virtud de sus influencias" y "mediante oficio totalmente carente de contenido y motivación" la concesión de una subvención específica de 300.000 euros, aunque la ayuda finalmente no le fue abonada.
Diéguez sí ha declarado, al contrario que los últimos imputados que han comparecido ante la juez, y a su salida del despacho de la instructora ha atendido a los medios de comunicación para explicar que ha accedido a declarar porque "no tengo nada que ocultar", por lo que "venía a decir toda la verdad".
El imputado ha defendido su "completa" inocencia y ha lamentado que se trata de un "sinsentido" y de "la película de terror más grande que ha visto en su vida", explicando que se enteró de que la Junta estaba concediendo ayudas "en la asociación de turismo" de su pueblo, Cazalla de la Sierra.
Cuestionado por si conocía al exconsejero de Empleo José Antonio Viera, el imputado ha señalado a los periodistas que "no lo conocía de absolutamente nada" y que únicamente lo ha visto en televisión, mientras que sobre el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero ha dicho que "es un vecino de El Pedroso".
También ha comparecido este viernes ante la instructora Santiago Florencio, quien, según la magistrada, como esposo de la también imputada Rocío Sayago, exsecretaria del propio Guerrero, "conseguiría por la influencia ejercida" en el exdirector de Trabajo que éste le concediera el día 5 de marzo de 2004 una subvención de 60.000 euros.
Este imputado se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar, tras lo que se ha celebrado una comparecencia en la que la Fiscalía Anticorrupción y la acusación que ejercen la Junta han solicitado una fianza de responsabilidad civil de 80.000 euros.
Ante la juez también ha comparecido Agustín Moreno, exalcalde de Torrecera (Jerez de la Frontera, Cádiz), quien, según la juez, se "prevalió" de su relación con el exconsejero de Empleo Antonio Fernández "para ser beneficiario de rentas derivadas de una póliza que se suscribió para las prejubilaciones correspondiente a la Faja Pirítica de Huelva, "a pesar de que nunca trabajó en ninguna de las empresas que comprenden la Faja".
Este imputado, que según la magistrada habría ingresado 30.000 euros en una cuenta titularidad de Antonio Fernández, también se ha negado a declarar, tras lo que la Fiscalía ha pedido para él una fianza civil de 213.000 euros.
Otro imputado que se ha negado a declarar ante la magistrada ha sido Isidoro Ruz Espigares, socio del exchófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, en empresas "que se constituirían por ambos con el único fin de obtener subvenciones de la Junta de Andalucía, a sabiendas que les iban a ser concedidas por Guerrero "con total ausencia de procedimiento".
En este sentido, la juez cita en el auto de imputación los casos de 'Lladelso Hoteles' y 'Ave Nueva', precisando que sería a través de esta última sociedad como el imputado, junto a Trujillo y Guerrero, "obtendrían con cargo a los fondos públicos andaluces la cantidad de 450.000 euros" a través de un proyecto contenido "en tan solo dos folios".
La juez ha suspendido para el próximo lunes las declaraciones, previstas inicialmente para este viernes, de Ramón Moreno, presidente del consejo de administración de Industrias del Guadalquivir (Invirsal), y de su hermana, María Dolores Moreno.
Según Alaya, el primero habría participado en la trama a cambio de que a su hermana se le hiciera beneficiaria de una póliza de rentas.
