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SEVILLA, 28 May. (EUROPA PRESS) -
La Intervención General de la Administración del Estado ha emitido un informe pericial, a petición de la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, en el que concluye que la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Andalucía no pudo conocer las "irregularidades" de los ERE, ya que en los presupuestos se utilizaba "una terminología críptica, imprecisa, generalista y a menudo equívoca".
En el tercer informe complementario que elevan al Juzgado de Mercedes Alaya, al que ha tenido acceso Europa Press, los cuatro peritos de la Intervención dicen que "no podemos concluir que la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Andalucía pudiera tener conocimiento de la existencia de irregularidades en la presupuestación, o, en su caso, la tramitación de las subvenciones sociolaborales correspondientes al programa 31L".
Así, y en este informe realizado a petición de la juez Mercedes Alaya, los peritos señalan que IFA-IDEA "elaboraba incorrectamente su presupuesto de ingresos incluyendo en el mismo unos ingresos procedentes del programa 31L que no eran tales --solo cobros--, ya que su destino no era el de cubrir las pérdidas derivadas de su propia actividad --único establecido en la ley-- sino el de pagar subvenciones concedidas por la Consejería de Empleo al margen de todo procedimiento legal y del preceptivo control".
En este sentido, señala que, "en consecuencia, se estaban utilizando inadecuadamente por la Consejería de Empleo las transferencias de financiación para fines distintos de los legalmente previstos", añadiendo que, según establece la ley, "su única finalidad debiera ser la de cubrir las pérdidas de IFA-IDEA, las cuales no se ocasionaban por este programa 31L".
Además, IFA-IDEA "incluía en su presupuesto unos gastos inexistentes que nunca se iban a producir, lo cual mantenía la apariencia de compensar aquellos ingresos que habían sido incluidos indebidamente en su presupuesto, procedentes de las transferencias de financiación", lo cual a su vez "permitía la necesaria coincidencia en el presupuesto de las cifras entre la Consejería de Empleo e IFA-IDEA".
Los peritos ponen de manifiesto que, en la documentación examinada, han apreciado "la utilización de una terminología críptica, imprecisa, generalista y a menudo equívoca", señalando que "del tenor literal de sus expresiones se produce una indeterminación acerca de quién pudiera ser el órgano otorgante o concedente de las subvenciones sociolaborales".
Esto último, a juicio de los peritos, "impediría conocer, tanto la inadecuada presupuestación realizada por la Consejería de Empleo e IFA-IDEA, como las irregularidades que se estaban produciendo en la concesión de subvenciones al margen del control de la Intervención General de la Junta".
"Como conclusión final del trabajo", los peritos exponen que de la documentación analizada "no se obtiene evidencia de la existencia de irregularidades en la presupuestación o, en su caso, la tramitación de las subvenciones sociolaborales correspondientes al programa 31L", por lo que "no podemos concluir que la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Andalucía pudiera tener conocimiento de la existencia de irregularidades en la presupuestación o, en su caso, la tramitación de las subvenciones sociolaborales correspondientes al programa 31L".
El pasado mes de marzo, la juez Alaya dictó un auto en el que ordenó a los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado que informaran sobre "qué pudo conocer" la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento andaluz --actual Comisión de Hacienda y Administración Pública-- "sobre las irregularidades que se estaban produciendo en la concesión de subvenciones sociolaborales al margen de la Intervención General".
Posteriormente, y en otra resolución, quiso aclarar que "ni siquiera como hipótesis de estudio se ha planteado la existencia de responsabilidad" por parte del Parlamento andaluz, pues únicamente había pedido a los peritos que indagaran el papel que pudiera haber tenido la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento andaluz --actual Comisión de Hacienda y Administración Pública--.
