SEVILLA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
IULV-CA ha mostrado este miércoles su rechazo a que la futura Ley de Transparencia, que ayer fue aprobada por el Consejo de Gobierno, conlleve la creación de nuevos órganos, como un Consejo de Transparencia y Protección de Datos y una Comisión Consultiva de Subvenciones y Ayudas, y ha propuesto que sus funciones sean asumidas por el Defensor del Pueblo Andaluz y por la Cámara de Cuentas, respectivamente.
En rueda de prensa, el portavoz de IULV-CA, José Antonio Castro, ha calificado de "ambicioso" el proyecto de ley de Transparencia Pública que el Gobierno ha remitido al Parlamento y ha destacado que "supera en exigencias" a la ley estatal, si bien ha anunciado que su grupo trabajará para "mejorar" el texto.
Así, ha anunciado que Izquierda Unida no comparte que la ley conlleve la creación de nuevos órganos, como un Consejo de Transparencia y Protección de Datos y una Comisión Consultiva de Subvenciones y Ayudas, preguntándose si es "necesario mimetizar los órganos establecidos en la ley estatal" o tener un "sobrecoste" en la creación de nuevas entidades públicas.
Castro se ha mostrado convencido de que el carácter independiente del Defensor del Pueblo y el trabajo que realiza, encomendado por el Estatuto de Autonomía, hacen aconsejable que las funciones de control y garantía de los derechos que vienen recogidos en el proyecto de Ley de Transparencia Pública se asignen a dicha institución, evitando crear un nuevo órgano.
Ha indicado que este planteamiento no es novedoso, ya que, por ejemplo, se contempla en el anteproyecto de ley de Transparencia elaborado por el Gobierno de Canarias. "Es el Defensor del Pueblo Andaluz, en principio, el que está llamado a hacer las funciones de autoridad pública, independiente y de control en materia de protección de datos y como garante del derecho a la transparencia en Andalucía", según ha señalado.
Asimismo, ha planteado que la Cámara de Cuentas debería asumir las funciones de esa Comisión Consultiva de Subvenciones y Ayudas y ha recordado que el día 22 de este mes "cumple el plazo comprometido" por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, para el registro en el Parlamento de una reforma de la ley que regula al órgano fiscalizador. En dicha reforma, según ha agregado, debería incluirse el papel de la Cámara de Cuentas como Comisión Consultiva de Subvenciones y Ayudas.
Izquierda Unida también ha anunciado, en relación con el Título II del proyecto de ley, sobre publicidad activa, que contrastará varios artículos del mismo con el dictamen de la comisión de investigación sobre el caso de los ERE. Ha recordado que en la única parte del citado dictamen que fue posible aprobar con el acuerdo de los tres grupos, el de las recomendaciones, venía un "buen paquete de medidas de transparencia pública que afectaban al Gobierno en la gestión económica-financiera".
Ha explicado que su formación plantea incrementar, si es posible, el nivel de exigencia en esta materia, siendo fieles a los trabajos de la comisión de investigación de los ERE.
