SEVILLA, 13 May. (EUROPA PRESS) -
La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, en el marco de la investigación sobre las supuestas comisiones cobradas por el 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, ha ordenado investigar un cheque por importe de 57.091,95 euros emitido por Mercasevilla a nombre de un trabajador autónomo identificado como F.J.L.G..
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Mercedes Alaya ordena a Unicaja que "a la mayor brevedad posible" informe sobre la identidad de las persona física que cobró el cheque el 23 de diciembre de 2008, "aportando toda la información que obre en su poder en relación con la citada operación, concretando el medio de pago utilizado --en efectivo o transferencia bancaria-- e identificando en este último extremo el número de cuenta de destino y sus titulares o autorizados".
Asimismo, la instructora ordena a la asesoría jurídica de Unicaja que informe sobre la "filiación completa --aportando filiación completa y fotocopia del DNI en su caso-- del empleado o empleados de la oficina" donde fue cobrado el cheque el 23 de diciembre de 2008.
La juez Alaya, asimismo, hace mención a un segundo cheque por valor de 40.830,98 euros emitido por Mercasevilla a nombre de la sociedad Promociones y Construcciones Castelsur 2015, señalando que la emisión de ambos cheques "habría sido justificada previamente mediante la elaboración de dos facturas indiciariamente falsas".
La magistrada ha tomado esta decisión después de recibir un oficio en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "ahonda en la línea de investigación iniciada para depurar las supuestas responsabilidades y participación" de Lanzas "en el perfeccionamiento de un presunto delito de blanqueo de capitales mediante la utilización por parte del mismo de un entramado societario organizado y dirigido" por el 'conseguidor'.
Tras señalar que en los órganos sociales de este entramado "figurarían como administradores" el cuñado de Lanzas, Ismael Sierra, y el 'testaferro' Eduardo Leal del Real, la juez rememora que, en su oficio, la Guardia Civil "pone de manifiesto que han detectado la existencia de operativas financieras coincidentes con dinámicas típicas de esta conducta punible, para cuya ejecución habría contado con la supuesta colaboración del director de varias sucursales bancarias".
Todo ello, añade la juez, "habría permitido a Lanzas introducir en el circuito financiero el dinero de origen ilícito y su posterior transformación mediante la adquisición de bienes muebles e inmuebles, contratación de servicios para su uso y disfrute, así como la contratación de activos financieros, perfeccionando con ello la referida conducta que podría ser constitutiva de un presunto delito de blanqueo de capitales".
Además, las investigaciones practicadas hasta el momento "desvelarían la presunta colaboración prestada" a Juan Lanzas y a su cuñado por parte de "personas vinculadas a una gestoría" que, "aprovechándose del ejercicio de su actividad profesional", habrían utilizado la documentación y los datos fiscales de sus propios clientes "sin el conocimiento de éstos" para la elaboración de "facturación ficticia, permitiendo con ello la introducción del dinero en el circuito financiero legal".
"Enmarcados en este contexto se hallarían" los dos cheques referidos al principio, explica la juez.
INVESTIGA UN PRÉSTAMO CONCEDIDO POR LA JUNTA
En el mismo auto, la juez autoriza a la Guardia Civil para que tome declaración como imputado a Juan Ruiz Cobo, responsable de la empresa Electronics Devices Manufacturer (EDM), y quien actualmente se encuentra interno en la cárcel de Jaén por delitos contra la hacienda pública.
Con ello, Alaya quiere indagar en los "pormenores" del préstamo de 384.841,65 euros que fue otorgado tanto a este empresa como a Innovación y Desarrollo Empresarial Séneca, ambas con domicilio social en Mancha Real (Jaén), mediante un convenio de colaboración entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo y la agencia IDEA.
La Guardia Civil considera que de su investigación se infiere que tanto Juan Ruiz Cobo como la responsable de Séneca S.A. "tuvieron participación" en los hechos "como presuntos autores de un delito de fraude a las subvenciones públicas".
