Los sindicatos rechazan el recorte y denunciarán ante el juzgado de lo social la bajada en los convenios de las empresas públicas
SEVILLA, 27 May. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, anunció hoy que recortará las retribuciones de todos sus empleados públicos, incluidos los de las empresas públicas, en aplicación del Real Decreto Ley del Gobierno central para reducir el déficit público, aunque reconoció que no podrá aplicar dicha bajada a los trabajadores de estas empresas públicas con convenios colectivos si no alcanza un acuerdo previo con los sindicatos, toda vez que "si no se acuerda con los sindicatos no habrá recorte, porque de forma directa es imposible aplicar la bajada en esos casos, según se contempla en la normativa básica que supone el Real Decreto Ley".
La consejera presidió hoy en Sevilla la reunión de la Mesa General de Negociación del Empleado Público, a la que acudieron los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, que rechazaron de pleno dicho recorte y anunciaron que denunciarán ante el juzgado de lo social la aplicación de los recortes en aquellos convenios de las empresas públicas donde se pretenda aplicar esa bajada.
Martínez Aguayo precisó en esta reunión, meramente "explicativa", que el recorte del cinco por ciento tendrá un carácter progresivo que oscilará entre el 0,56 por ciento y el siete por ciento y hasta el 15 por ciento en las retribuciones de los altos cargos, y añadió que dichos recortes constituirán un ahorro previsto de 800 millones de euros, de los que 300 millones corresponden al ejercicio 2010 y 500 millones de euros a la aplicación de esta medida en todo el año 2011.
Agregó que en el caso de los altos cargos de las empresas públicas sí se les aplicará la reducción del 15 por ciento al estar fuera de convenio.
Sobre el ámbito de aplicación, la consejera, que rechazó las acusaciones de los sindicatos de "haber sobrepasado los términos del real decreto" estatal, incidió en la idea de que afectará a todos los empleados del sector público empresarial, al expresar su voluntad de que "todos los empleados públicos se vean afectados por igual", aunque con las diferencias de que "a algunos se les aplicará directamente la bajada pero en las sociedades mercantiles se deberá aplicar tras la oportuna negociación colectiva con los sindicatos".
"En el caso de las sociedades mercantiles no es de aplicación directa sino por negociación, por lo que si no se acuerda con los sindicatos no habrá recorte, porque de forma directa es imposible, porque es normativa básica en el real decreto ley", aseveró, quien recordó que aquellos que perciban dos veces por debajo del Salario Mínimo Interprofesional no tendrán ninguna reducción.
La consejera indicó que convocó a los sindicatos para explicarles el decreto que aprobará mañana el Consejo de Gobierno de la Junta, y que tendrá aplicación el 1 de junio, toda vez que "era lógico y razonable que tuvieran conocimiento previo a su aprobación".
Precisó que la norma andaluza se plantea "en términos similares a la del Estado", de forma que "es normativa básica en su mayoría y no tiene muchos elementos de margen", tras lo que agregó que en aquellos elementos donde la Junta sí tiene competencias "vamos a hacer lo mismo que se ha hecho habitualmente, como es trasladar las tablas retributivas del Estado a la comunidad autónoma".
Martínez Aguayo quiso agradecer el tono empleado por los sindicatos en esta reunión, donde mostraron su malestar por la disminución y expresaron su disgusto por la ausencia de negociación previa, a lo que la consejera reconoció que "difícilmente había margen de negociación legal, al tratarse de un real decreto ley, ni margen temporal, toda vez que la normativa debe ser de aplicación el 1 de junio".
Asimismo, puso en valor a los empleados públicos "pues todos son altamente responsables y son empelados que no sobran". "Los empleados públicos no son los culpables de lo que pasa, pero sí les pido que acepten solidariamente este esfuerzo con el que contribuimos entre todos a la recuperación económica", agregó la consejera, para la que aunque esta medida de forma aislada "no genera una recuperación, pero sí contribuye a la recuperación económica y ese es nuestro objetivo, generar recuperación económica y empleo".
CRITICAS SINDICALES
Por su parte, el secretario general de FSP UGT-A, Antonio Tirado, lamentó que salen de la reunión "más disgustado y con más rabia de la que entramos" y anunció que una vez aprobado y publico el decreto andaluz "tomaremos medidas" aparte de la huelga nacional del 8 de junio y las movilizaciones, de forma que iniciará un proceso a través de los tribunales para recurrir las medidas del decreto.
Lamentó que la Junta "haya hecho un decreto calcado y a semejanza del real decreto ley nacional", aunque precisó que la consejera les ha ofertado negociar una mínima parte de la aplicación de la normativa al personal laboral de la Junta, algo que no viene regulado por la propia norma estatal, donde no concreta la progresividad en el descuento de las nóminas de este colectivos. Tirado aseguró que los sindicatos han rechazado dicha posible negociación "porque no vamos a participar en la forma de cómo se le aplica el castigo a los empleados públicos de la Junta".
Tirado, que indicó que el recorte afecta a todos los complementos retributivos, destacó asimismo que la consejera les ha confirmado su voluntad de llevar a efecto la oferta de empleo público que estaba prevista al ser una cuestión "pactada con los sindicatos", así como el "compromiso político de que en los próximos meses se retomará la negociación de la Ley de Función Pública andaluza".
Por su parte, el secretario general de FSC CCOO-A, Felipe Falcó, expresó su "indignación" por esta medida que se va a extender a Andalucía "en todos los términos de la estatal e incluso superandolo al aplicar el decreto para el conjunto de las empresas públicas".
Lamentó que "nos piden que negociemos cómo se va a aplicar el descuento del cinco por ciento al personal laboral, cuando nos hubiera gustado que nos hubiera llamado para negociar el decreto y haber podido dar opinión previamente al decreto y no conocerlo a posteriori".
Falcó advirtió de que este recorte "no es un descuento para los empleados públicos por la crisis, sino que tiene una profundidad mucho mayor y mucho más grave, pues afecta al conjunto de la negociación colectiva del país, este decreto ha roto la negociación colectiva, el Pacto de Toledo y otras cuestiones que nos afectan a todos".
"Se está discutiendo y planteando una agresión grave a la Democracia en España", se lamentó el líder de CCOO, quien advirtió de que la huelga del día 8 "será la primera pero no la última" y reiteró que los sindicatos denunciarán en el Juzgado de lo Social aquellos convenios de empresas públicas donde se aplique el descuento, toda vez que "esos convenios registrados tienen rango de ley".
Por su parte, el vicepresidente de CSIF-A, Andrés Montero, que expresó su "rechazo absoluto" a esta medida, lamentó que el encuentro de hoy "sea meramente informativo y no haya existido ninguna negociación", a pesar de que "le pedimos a la Junta que paliara en la medida de lo posible esa situación, pues el Gobierno andaluz tiene competencias en determinados aspectos retributivos, pero nos han dicho que este nuevo 'decretazo' es algo impuesto".
A su juicio, la negociación "está rota a nivel nacional" y lamentó que la medida de la Junta "profundiza en el tijeretazo a los empleados públicos", tras lo que recordó que CSIF está en unidad de acción con CCOO y UGT tanto en la huelga del 8 de junio como en otras medidas de presión y en el recurso a los tribunales .
