Diputación cree que el Opaef podría estudiar un "anticipo" si el Ayuntamiento lo solicitara y se ofrece a una reunión
BURGUILLOS (SEVILLA), 22 Jul. (EUROPA PRESS) -
Tanto la Diputación de Sevilla, como la Delegación del Gobierno de la Junta en la Provincia, han recogido el requerimiento elevado a tales administraciones por el colectivo de más de 160 empresarios a los que el Ayuntamiento de Burguillos adeuda más de 14 millones de euros, si bien en ambos casos han atribuido al Gobierno municipal de Mariana Peréz González (PSOE) la responsabilidad de solucionar el problema derivado del impago de proyectos, obras o suministros.
Según los escritos de contestación devueltos al colectivo de empresarios acreedores, recogidos por Europa Press, si bien la Diputación provincial y la Delegación del Gobierno de la Junta comprenden la "difícil situación" de los empresarios y lamentan el "agravamiento" de las demoras que sufren en los pagos los autónomos y empresarios, debido a la situación económica que sufre este ayuntamiento, en ambos casos se recuerda la autonomía de las administraciones locales para la gestión municipal.
La Diputación, no obstante, si bien entiende que no puede "mediar" entre el Ayuntamiento y los acreedores, señala que si mediase petición por parte del Consistorio, el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (Opaef) podría estudiar un "anticipo" u "operación financiera", por lo que se ofrece a "una reunión" en el caso de que el Gobierno municipal lo requiriese.
Los acreedores, como se recordará, han elevado a los juzgados una denuncia por la posible comisión de un delito de desobediencia a la autoridad que habría cometido el Gobierno municipal de Mariana Peréz González al "burlar" el embargo que pesa sobre las cuantías adeudadas con el pago de dos de las nóminas pendientes de la plantilla de la sociedad pública 'Burguillos Natural'.
Según el escrito entregado en el Juzgado Decano de Sevilla, al que tuvo acceso Europa Press, el 9 de junio de 2009 la autoridad judicial "decretó el embargo" de las cuantía que el Ayuntamiento o su sociedad municipal de desarrollo adeudan a una de las empresas agrupadas en esta plataforma de acreedores, si bien el 30 de junio de 2009, se hizo efectivo el pago de dos de las seis nóminas adeudadas a los trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) aplicado sobre Burguillos Natural.
Para los acreedores, tal extremo podría constituir una "burla" del embargo acordado por el juzgado, lo que supone "indicios suficientes de la comisión de un posible delito de desobediencia a la autoridad". Así, el colectivo de acreedores reclama "que se deduzca testimonio" y se investiguen los hechos.
