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SEVILLA, 14 May. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha garantizado este miércoles ante el Pleno del Parlamento que si Andalucía dispone este año de 420 millones de euros más por un reparto más equitativo del objetivo de déficit, se repondrían los complementos autonómicos de las dos pagas extraordinarias a los empleados públicos, al tiempo que permitiría introducir nuevas medidas de estímulo económico.
Durante su intervención ante el Pleno, ha criticado la "decisión unilateral" del Gobierno de reducir tres décimas el objetivo de déficit del Estado para este ejercicio, pasando del 5,8 por ciento --el que impone Bruselas-- al 5,5 por ciento del PIB, tal y como se recoge en el Programa de estabilidad para el periodo 2014-2017 y el Programa nacional de reformas que se ha remitido a la Comisión Europea. En su opinión, el Ejecutivo nacional se está permitiendo "el lujo de reducir su objetivo de déficit, lo que supone renunciar a 3.120 millones de euros de gasto público y poner trabas al crecimiento económico".
Ha recordado que fueron las comunidades autónomas y las corporaciones locales las que realizaron "un verdadero ejercicio de responsabilidad en materia de estabilidad presupuestaria en 2013, que es lo que ahora le permite al Gobierno el lujo de reducir su objetivo de déficit". Por ello, ha reclamado que esas tres décimas a las que el Gobierno de España renuncia se destinen a las comunidades, lo que supondría para Andalucía disponer de alrededor de 420 millones de euros más en este año.
Según Montero, este reparto permitiría "reponer los complementos autonómicos de las dos pagas extraordinarias de 2014 a los empleados públicos, así como introducir nuevas medidas de estímulo económico".
Ha lamentado que el Gobierno de Mariano Rajoy, con esa decisión sobre el déficit, ponga de manifiesto que sigue anclado en su política de austeridad, en lugar de utilizar ese mayor margen para dinamizar la economía, lo que generaría más oportunidades para la creación de empleo, un mayor nivel de ingresos y también una menor cifra de déficit.
Ha alertado además de que los datos del Programa de Estabilidad indican que el Gobierno reducirá la financiación de los servicios públicos fundamentales, ya que el peso del gasto en salud en el PIB caerá un 13,3 por ciento en el período 2014-17; un 13,6 por ciento el de Educación, y un 4,5 por ciento el de protección social.
María Jesús Montero ha querido dejar claro que el Gobierno central ha decidido imponer este nuevo objetivo de déficit de forma unilateral, sin consultar con las autonomías, pese a que "ha sido en gran parte el esfuerzo de estas administraciones el que ha propiciado que ahora el Estado se encuentre en una situación más holgada en materia de déficit".
Tras recordar que las comunidades lograron reducir su déficit global desde el -1,86 por ciento del PIB en 2012 al -1,54 por ciento en 2013 (una disminución de 3.389 millones de euros), mientras que las corporaciones locales registraron el pasado año un superávit del 0,41 por ciento, ha indicado que el Estado "no solo incumplió su objetivo de déficit, superándolo en 0,53 puntos del PIB, sino que obtuvo una cifra de déficit casi 1.000 millones por encima de la de 2012".
"Las comunidades asistimos atónitas a este alarde de compromiso con la estabilidad presupuestaria del Gobierno central que, pese a su reciente incumplimiento del objetivo de déficit, vuelve a enarbolar la bandera de la consolidación fiscal y la austeridad", ha denunciado Montero, insistiendo en que "han sido las administraciones territoriales las que han realizado un verdadero esfuerzo por cumplir el objetivo de déficit en 2013, por lo que es de justicia que las tres décimas a las que la administración central renuncia, las reparta a las comunidades".
La consejera ha advertido de que si el Gobierno desoye esta petición, "seguirá haciendo recaer el mayor peso de la consolidación fiscal en las autonomías", ya que, para 2014, el límite de déficit fijado para las comunidades es del del -1 por ciento, lo que obligará a realizar un ajuste presupuestario de 5.378 millones de euros, de los que unos 728 millones debe asumirlos Andalucía.
SUBIDA DE IMPUESTOS
De otro lado, ha alertado de que el documento enviado por el Gobierno a Bruselas revela "previsiones de gran calado" en materia tributaria, como el aumento de la presión fiscal de 1,6 puntos en el período, pasando del 33,1 por ciento de 2013 al 34,7 por ciento en 2017. En su opinión, del documento se extrae que "la bajada en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades irá acompañada de una subida de los impuestos medioambientales y especiales".
Además, Montero ha explicado que se confirma la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, ya que las pensiones de jubilación subirán solo un 0,25 por ciento en los próximos tres años y, según la evolución prevista de los precios, esto supondrá una pérdida de unos tres puntos de poder adquisitivo en el período.
En materia de empleo, ha dicho que, si se cumple el pronóstico del Gobierno, entre finales de 2013 y finales de 2015 se crearán 600.000 empleos más, una cifra "insuficiente para compensar la intensa destrucción de puestos de trabajo que ha tenido lugar desde que gobierna el Partido Popular". En concreto, según ha apuntado la consejera, "el Gobierno Central terminaría la legislatura con una destrucción de 420.000 puestos de trabajo, con respecto al término de la legislatura anterior".
PP-A CRITICA LA "MEZQUINDAD" DE LA JUNTA
Por su parte, el diputado del PP-A Antonio Miranda ha criticado la "mezquindad" de la Junta al cuestionar los datos del Gobierno central en un intento de "poner intereses partidistas por delante de los intereses generales de España y el bienestar de sus ciudadanos". Ha lamentado la actitud del Ejecutivo andaluz cuando la comunidad ha incumplido durante cinco años el objetivo de déficit, lo que ha tenido "repercusiones negativas para todos".
Ha indicado que fue el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el que "asfixió" a Andalucía, mientras que el actual Ejecutivo de Mariano Rajoy sí está haciendo "las cosa bien" y con sus medidas se ha iniciado la recuperación económica y la creación de empleo. Ha rechazado el planteamiento de la Junta de que el Gobierno destine a las comunidades esas tres décimas del objetivo de déficit a las que renuncia.
En su turno de réplica, la consejera de Hacienda y Administración Pública ha indicado que no se puede entender que el PP-A renuncie a que Andalucía disponga de 420 millones más este año y que no defienda los intereses de esta comunidad, "simplemente porque no creen" en ella.
Por su parte, el parlamentario del PSOE-A Enrique Benítez ha señalado que Andalucía ha sido "leal" y ha cumplido con el objetivo de déficit impuesto por el Gobierno central para el pasado año, y ha lamentado que ahora no se dé "margen de maniobra" a las comunidades cumplidoras.
El diputado de IULV-CA Ignacio García ha demandado al Gobierno que ya que renuncia a esas tres décimas del objetivo del déficit, compense a las comunidades para "que puedan respirar". Ha señalado que si llegaran a Andalucía 420 millones de euros más de margen, se podrían prolongar los planes de empleo y de lucha contra la exclusión social o aumentar la cobertura de la dependencia.
