SEVILLA, 28 May. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Estepa (Sevilla) ha admitido la personación de IU/Adelante "como acusación popular", en las diligencias incoadas por posibles delitos cometidos en la gestión del Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur, que habría mantenido contrataciones con una empresa administrada por el secretario y el gerente de la propia entidad.
Así lo ha manifestado a Europa Press el alcalde de Pedrera y representante de la coalición de izquierdas en el citado Consorcio, Antonio Nogales (IU), explicando que su formación cuenta ya con un abogado específicamente designado para representarla en las citadas diligencias sobre presuntos delitos en la citada institución, marcada por la detención de seis de sus miembros.
Mientras la Policía Nacional señala que estas personas prestaron declaración en calidad de detenidos y después quedaron en libertad, el Consorcio viene defendiendo que los aludidos comparecieron "voluntariamente" ante la Policía tras pedirles los agentes que se personasen en la comisaría más cercana, en este caso la de Antequera (Málaga), en el marco de una visita a la sede del Consorcio a la búsqueda de documentos.
Y si bien el Consorcio expone que el asunto giraría en torno a "documentación anterior a la toma de posesión de Antonio Jesús Muñoz (PSOE) como presidente de la entidad en octubre de 2019", declarando voluntariamente el también alcalde de Estepa, IU avisa de que hasta el 21 de marzo de 2019, el secretario interventor y el gerente de la entidad figuraban como administradores de una sociedad mercantil radicada en Alicante y con la que el Consorcio habría trabado "importantes operaciones de contratación".
PIDEN CESES
En ese sentido, tanto IU como el PP vienen reclamando el cese del secretario interventor del Consorcio, José Antonio Mañas, y del gerente, dada la denuncia promovida en su contra por la Fiscalía a cuenta de las contrataciones de esta entidad pública con la citada empresa alicantina administrada por ambos, una denuncia que iría también contra del alcalde de Casariche, Basilio Carrión (PSOE), por su papel como anterior presidente del Consorcio.
Ahora, IU/Adelante ha expuesto que tras su personación y la del propio Consorcio en las diligencias que sigue el Juzgado número dos de Estepa, el actual presidente de la institución "conoce perfectamente lo que ha ocurrido y debe dar cuenta de los hechos y de las medidas que se van a adoptar".
Por eso, reclama una reunión oficial de la junta general del Consorcio, extremo largamente demandado por IU y PP, para adoptar "medidas cautelares" respecto al secretario y el interventor y que Basilio Carrión de "explicaciones" por su anterior gestión como presidente.
Y es que según IU, como presidente del Consorcio, el actual alcalde de Casariche "firmó un contrato directo por valor de 1.478.160,86 euros con una empresa privada, sin el más mínimo procedimiento administrativo, tal como le imputa la Fiscalía" y transfirió dos camiones "a la empresa Magno Ambiental Levante sin procedimiento administrativo ni que conste ingreso".
Por eso, la coalición de izquierdas le reclama que aclare "su vinculación personal o patrimonial con la empresa Magno Ambiental Levante o los propietarios de la misma, Mañas e Ibáñez", entre otros aspectos.
