SEVILLA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
El juzgado que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha iniciado el proceso de embargo contra el exconsejero de Innovación Martín Soler y otros 19 imputados en la causa y les ha concedido un plazo de diez días para que designen bienes a embargar a fin de cubrir las millonarias fianzas de responsabilidad civil que les impuso la magistrada Mercedes Alaya.
En una diligencia dictada este jueves, a la que ha tenido acceso Europa Press, la secretaria judicial de refuerzo del Juzgado da diez días de plazo a una veintena de imputados en la causa entre exaltos cargos de la Junta y miembros del consejo rector de la agencia IDEA a fin de que designen bienes a embargar para cubrir la fianza civil de 37,8 millones de euros que les impuso en total.
Además de Martín Soler, al que Alaya impuso una fianza de responsabilidad civil de 4.070.633,08 euros, entre los imputados afectados figuran también el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez, con una fianza de 10,7 millones, y el presidente de Unicaja, Braulio Medel, con 482.790 euros de fianza civil.
También inicia el proceso de embargo contra el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez, al que impuso una fianza civil de 3.466.666,67 euros; el exdirector general de IDEA Miguel Ángel Serrano, con una fianza de 2.805.647 euros; el expresidente de El Monte José María Bueno Lidón, que debe hacer frente a una fianza civil de 2.553.600 euros; el exdirector general de Desarrollo Tecnológico e Incentivos Manuel López Casero, con 2.207.800 euros de fianza, y el exviceconsejero de Economía y Hacienda José de Haro Bailón, que deberá enfrentarse a una fianza de 1.995.000 euros.
Asimismo, la magistrada fijó una fianza de 1.835.400 euros a Juan Carlos Soriano, exviceconsejero de Relaciones Institucionales; de 1.607.970 euros para el exjefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río; de 1.532.338 euros al exdirector general del IFA Francisco Mencía; de 1.026.760 euros al exdirector de Industria Jesús Nieto, y de 970.001 euros al exdirector de IDEA Antonio Valverde.
El resto de afectados son el exviceconsejero de Agricultura y Pesca Juan Paniagua, con una fianza civil de 535.990 euros; el exdirector del IFA Antonio Lara, a quien la juez impuso una fianza de 464.650 euros; Ángel Garijo Galve, exsecretario general de Innovación, con una fianza civil de 452.200 euros, e Isabel de Haro Aramberri, exsecretaria general de Desarrollo Industrial y Energético, con una fianza de 339.150 euros.
El resto de afectados son Francisco García, exsecretario general de Empleo, con una fianza civil de 279.300 euros, y Felipe Romera, presidente de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía, y Pilar Rodríguez López, exsecretaria general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, que deben hacer frente a una fianza civil de 212.800 euros.
La secretaria señala en el escrito que ya "ha transcurrido el plazo concedido" a todos ellos para asegurar las anteriores cantidades "sin haberse hecho efectiva ni señalado bienes", por lo que les da un plazo de diez días para que designen los bienes de su propiedad "en los que pidan que se trabe embargo, por las cantidades mencionadas, con expresión en su caso de las cargas y gravámenes".
En el caso de inmuebles, la secretaria solicita a los imputados que digan "si están ocupados" y, en ese caso, "por qué personas y con qué título". La secretaria advierte de que, si en este plazo, ninguno de los imputados mencionados designaran bienes a embargar, "se procederá a la búsqueda integral de bienes sobre los que trabar embargo".
