MÁLAGA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Sección Primera de la Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar desde hoy al dueño de la promotora Aifos Jesús Ruiz Casado y a su mujer a los que la Fiscalía malagueña acusa por presuntamente estafar más de 626.000 euros a 30 personas con la venta de 16 pisos en distintas localidades de la provincia sin que nunca se llegaran a construir.
Según las conclusiones provisionales del fiscal, a las que tuvo acceso Europa Press, los acusados eran los administradores de la empresa dedicada a la construcción Aifos Arquitectura y Promociones Inmobiliarias y durante 2001 comenzaron la promoción de unas viviendas que se iban a construir en varias localidades.
La acusación pública sostiene que hubo "una publicidad o una oferta en la que se hacían alegaciones falsas de características inciertas sobre la vivienda a construir" y señala que a partir de agosto de 2001 comenzaron a firmar contratos con distintas personas que querían adquirir esas casas "supuestamente en construcción".
Conforme a esos contratos, el ministerio público indica que los compradores pagaron en las fechas concertadas las cantidades estipuladas "con creencia que se había iniciado la construcción de las viviendas y que se entregarían en un plazo de unos 20 meses, aproximadamente, sin que los acusados hubieran llevado a cabo la obra proyectada".
"Ni siquiera", apunta la Fiscalía, habían obtenido la licencia de obras de los ayuntamientos "efectuando los perjudicados diferentes desembolsos que los acusados hicieron suyos en beneficio propio, sin que hasta la fecha se haya realizado construcción alguna ni se haya devuelto cantidad alguna a ninguno de los perjudicados".
Para el fiscal, se trata de un delito contra los consumidores en concurso medial con otro continuado de estafa y pide para cada uno siete años de prisión, inhabilitación para desempeñar cargos directivos o de administración de sociedades por el mismo tiempo y multas de 8.100 euros por el primer delito y de 18.000 euros por el segundo.
Además, se insta a que indemnicen a cada perjudicado con la cantidad que entregó, de lo que responderá subsidiariamente la empresa, que se encuentra en concurso de acreedores. También solicita que se sumen 3.000 euros a cada uno de los perjudicados o en su caso a cada pareja por los daños y perjuicios morales.
