Solicita la adopción de medidas sancionadoras y la reconstrucción de lo destruido sin autorización para recuperar la situación anterior
SEVILLA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha reprendido a la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura y al Ayuntamiento de Cañete la Real (Málaga) por las obras ilegales de restauración ejecutadas por el consistorio en el castillo del municipio, que, según dijo, exceden de las autorizadas por la Administración andaluza.
En una resolución del Defensor del Pueblo, a la que tuvo acceso Europa Press, y que formulada tras la presentación de una queja, éste dictamina que la argumentación de la Consejería de Cultura en el sentido de que sólo tuvo conocimiento de las obras ilegales realizadas en el castillo tras la visita de inspección girada en junio de 2006, "lejos de eximirle de responsabilidad, viene a poner de manifiesto un inadecuado ejercicio por dicho departamento de sus deberes legales de protección y tutela respecto de los bienes del patrimonio histórico andaluz".
Asimismo, Chamizo pide que, de conformidad con la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, se proceda a la apertura de un expediente de investigación para la determinación exacta de las posibles infracciones cometidas en la ejecución del proyecto de restauración del castillo, las personas responsables y la fecha de comisión de las mismas, a efectos de determinación del computo del período de prescripción.
De igual modo, en el caso de no haber prescrito las infracciones cometidas, el Defensor solicita que se proceda a la apertura de un procedimiento sancionador. Además, la institución pide en el expediente de investigación que debe iniciarse se incluya un pronunciamiento expreso sobre la posibilidad de legalizar las actuaciones realizadas sin ajuste al contenido del proyecto de restauración autorizado en 1991 o sobre la necesidad de proceder a la demolición de lo construido o la reconstrucción de lo destruido.
Dicha resolución también establece que la obligación de restaurar la legalidad y recuperar la situación anterior a la realización de las actuaciones ilegales se haga recaer sobre la persona o entidad responsable de las mismas, asumiendo la misma los costes derivados de las demoliciones o reconstrucciones que hubiera que llevar a cabo a tal efecto.
Por último, solicita que en lo sucesivo se ejerzan por parte de la Consejería de Cultura "con mayor rigor y eficacia" las obligaciones de tutela y protección sobre los bienes integrantes del patrimonio histórico andaluz, en particular por lo que se refiere al control y supervisión y restauración de bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.
LA QUEJA.
La queja que se presentó ante la Oficina de Defensor del Pueblo Andaluz en marzo de 2006 iba acompañada de abundante documentación que acreditaba que las reiteradas denuncias de la interesada sólo habían merecido respuestas de la Administración cultural de carácter formalista referidas exclusivamente a cuestiones procedimentales, sin que en ningún momento se hubiese realizado "el menor intnto de comprobar la veracidad de los hechos".
Asimismo, en dicha reclamación, admitida a trámite, se especificaba que si bien en el cartel de la obra colocado en el lugar advertía que la naturaleza de las obras era una "rehabilitación" financiada con fondos europeos, "en realidad consistían en el levantamiento de una edificación, torres y murallas incluidas".
