Gutiérrez lamenta que el Ayuntamiento marbellí no cambia de actitud y "persiste en un comportamiento contrario a la legalidad urbanística"
SEVILLA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Obras Públicas y Transportes prevé la creación de una oficina 'ad hoc' situada en Marbella (Málaga), para poder ejercer sus competencias en materia urbanística y elaborar y aprobar el Plan General de Ordenación Urbana del municipio, una vez que se haga efectiva la retirada de las competencias urbanísticas al Consistorio, según indicó la consejera del ramo, Concepción Gutiérrez.
La Junta notificó hoy al Ayuntamiento de Marbella (Málaga) el inicio del expediente de retirada de las competencias urbanísticas al municipio tras comprobar "el reiterado y persistente incumplimiento de la legalidad vigente por parte del Consistorio, que está cambiando el modelo de ciudad y afecta a las competencias autonómicas en materia de ordenación del territorio y planeamiento", apuntó.
Dicha oficina 'ad hoc' de la Junta sería la encargada de elaborar el Plan General de Ordenación Urbana con la intervención del Ayuntamiento "para garantizar la participación de los ciudadanos" y estaría ubicada en la propia ciudad, puesto que "tenemos que elaborar unas reglas del juego para los ciudadanos y debemos aprobar el PGOU en el menor tiempo posible", dijo la consejera.
La notificación del inicio de expediente de retirada se adopta después de la petición formal trasladada por los técnicos de la Consejería, concretamente de la Dirección General de Inspección, de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo y Secretaría General de Ordenación del Territorio, "pues tras las inspecciones realizadas en los últimos meses por estos tres organismos existe un informe muy contundente que constata que el Ayuntamiento no ha cambiado de actitud y persiste en un comportamiento que va contra la legalidad urbanística y de ello se deriva una afección clara a las competencias de la Comunidad".
Tras el inicio de este expediente y la comunicación al Ayuntamiento marbellí en unas semanas se dará trámite de audiencia al Ayuntamiento para que formulen las alegaciones pertinentes, posteriormente se trasladará el informe con las citadas observaciones al Consejo Consultivo, posteriormente se remitirá al Parlamento andaluz, de forma que la consejera desconoce cuándo se hará efectiva la medida "pues no sabemos el tiempo que los órganos externos a la Junta tomarán para emitir sus informes".
Hasta el momento de una resolución definitiva, la consejera indicó que si el Ayuntamiento sigue otorgando licencias que incumplan la Ley y el plan vigente, la Junta "seguirá yendo a los tribunales para que se pronuncie la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía".
La consejera lamentó la actitud del Ayuntamiento "que no ha procedido a la revisión de las licencias ilegales, ha incumplido de forma sistemática los autos de suspensión emitidos por los tribunales, continuando con la ejecución de las obras, ni las sentencias firmes en relación con licencias ilegales ni se han abierto los correspondientes procedimientos sancionadores, dejando caducar incluso algunos de esos procedimientos".
"Se ha producido una conducta reiterada y persistente de permitir obras de urbanización amparadas en instrumento y licencias otorgadas en contra de la ordenación urbanística, por lo que estamos, no ante hechos aislados, sino ante un comportamiento sistemático de las autoridades del municipio", agregó la consejera.
Gutiérrez lamentó la "persistencia de la Corporación de Marbella en el continuo y grave incumplimiento de la legalidad urbanística, manteniendo la misma actitud de desatención de los requerimientos efectuados por la Consejería e incluso incumpliendo las medidas cautelares dictadas por los tribunales del Contencioso Administrativo para que se dejara de construir una obra que iba contra la legalidad y tampoco ha sido atendido por el propio Ayuntamiento; ni siquiera esas medidas cautelares han tenido eficacia y esto es muy grave".
No obstante, mostró su plena confianza en los tribunales y en la Justicia "que logra actuaciones contundentes y a veces demoledoras". También reconoció que en otros municipios andaluces se producen "incumplimientos" pero dejó claro que "no han tenido el grado de afección a las competencias urbanísticas como ocurre en Marbella".
REQUERIMIENTOS
La consejera, que reiteró que con esta decisión "se pretende restablecer la legalidad y la normalidad", indicó que concretamente, desde que en agosto de 2003 entró en el Consistorio el actual equipo de gobierno municipal, se impugnaron más de 120 acuerdos municipales antes los tribunales, se requirieron en más de 40 ocasiones al Ayuntamiento para que revisara licencias ilegales "y sólo nos respondieron una vez".
Agregó que en 2004 y 2005 se realizaron más de 250 requerimientos para que paralizara obras presuntamente ilegales y elaborar los expedientes sancionadores "y abrieron procedimientos pero que después los dejaron caducar". Indicó que la Sala Contencioso Administrativa del TSJA dictó ocho providencias para que se paralizaran determinadas obras, se dictaron mas de 80 autos de suspensión y desde 2003 a la actualidad se efectuaron más de 20 comunicaciones al Ayuntamiento para que cumpliera los autos de suspensión.
LA ORDEN
El inicio de este expediente se ha desarrollado a través de una Orden de la titular de la citada Consejería, con fecha de 14 de marzo de 2006, mediante la que se acuerda el inicio del procedimiento previsto en el apartado cuarto del artículo 31 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía al municipio de Marbella.
Este artículo establece un supuesto de hecho claro "en los casos de grave incumplimiento por los municipios en el ejercicio de competencias urbanísticas que impliquen una manifiesta afección a la ordenación del territorio, competencia de la Comunidad autónoma, el Consejo de Gobierno, previa audiencia del municipio afectado, informe del Consejo Consultivo e informe favorable del Parlamento andaluz, podrá atribuir las competencias en esta materia a la Consejería competente en la materia" y, por consiguiente, retiraría las competencias urbanísticas al municipio.
