SEVILLA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
El sector de monitores administrativos de centros docentes andaluces afectados por la problemática abierta tras el anuncio de la administración autonómica de asumir por medio de una oferta de empleo público sus funciones --unos 840 en total-- ha vuelto a concentrarse este miércoles en delegaciones de la Junta en casi todas las provincias andaluzas, salvo Granada y Córdoba.
Una de las portavoces del colectivo, Esther Porquicho, ha indicado a Europa Press que, asimismo, para no convertir el programa de protestas en algo "rutinario", los afectados van a idear un nuevo calendario de movilizaciones a nivel andaluz y provincial. Por el momento, para el próximo 29 de enero se ha programado una nueva protesta similar a la de este miércoles, mientras que un grupo se manifiesta a diario en la sede de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de Sevilla.
En este sentido, Porquicho ha asegurado que los monitores no se "rinden" y que seguirán "en la calle y en los juzgados", después de que la Junta haya lanzado un plan de choque para contratar a otras personas que las sustituyan en sus puestos, "desempeñados en condiciones de precariedad durante más de ocho años".
"El colectivo se siente engañado después de tantas expectativas dadas en estos tres meses para descubrir al final que lo que quizá pretendía la Junta era ahorrarse tres o cuatro meses en salarios antes de contratar al personal para el periodo de escolarización del mes de marzo", aseguran los monitores, que tildan lo sucedido de "auténtico fraude".
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha recordado, por su parte, que se ha dado a éstos la posibilidad de acogerse a la misma y que el plan de choque establecido debe atender a criterios "imprescindibles" de titulación.
DENUNCIA DE USTEA
El consejero del ramo, Luciano Alonso, ha precisado que la Junta no ha dado de baja a ningún trabajador, pues éstos no formaban parte del organigrama de la administración, sino de "unas empresas de trabajo temporal que daban servicio externo a la Junta, como otros servicios en Educación".
Así, ha vuelto a recordar que el caso nació de una denuncia del sindicato Ustea de situaciones que se daban en Cádiz y Córdoba y que derivaron en la declaración de irregularidades por las cuales "había que romper el convenio con la empresa", pues "se pagaba mal a los trabajadores".
Bajo esta premisa se establece, según el consejero, el plan de choque de la Junta como elemento "fundamental", puesto que "de la misma forma que hay setecientos centros educativos que tienen a sus trabajadores reglados, hay ochocientos que para el mes de marzo tienen que tener a este personal".
Con los educandos como clave, Alonso ha insistido así en la necesidad de que la situación esté regularizada al inicio de la campaña de escolarización, "porque el profesor se crece con la tiza y en la explicación pero se achica con los procesos burocráticos".
