El 5% de las explotaciones activas están en áreas prohibidas para nuevas instalaciones y el 41% en zonas con condicionantes medioambientales
SEVILLA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Plan de Ordenación de Ordenación de Recursos Minerales de Andalucía 2009-2013 (Pormian), desarrollado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, fija un presupuesto de 179 millones de euros para su puesta en marcha con el objetivo de mejorar la competitividad, favorecer la modernización tecnológica y la internacionalización del sector.
El plan, que se encuentra expuesto a información pública, prevé además dotaciones suplementarias pertenecientes al programa de Incentivos para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial de Andalucía o para el Desarrollo Energético Sostenible, entre otros, cuyas cuantías dependerán de las iniciativas presentadas por los propios empresarios, según la información recogida por Europa Press.
El documento destaca la potencialidad de un sector que cuenta con alrededor de 850 explotaciones en Andalucía, de las que el 90 por ciento se centran en los áridos, el mármol y la caliza ornamental, y dan empleo a más de 35.000 personas, en sus ramas extractivas y de transformación. En este sentido, Andalucía copa el 20 por ciento de las explotaciones nacionales y el once por ciento del empleo.
En este sentido, el nuevo plan prima la modernización tecnológica del sector y su apuesta por el valor añadido, introduciendo además acciones encaminadas a la agilización de los procedimientos administrativos actuales y la reducción de los tiempos de respuesta a través de la simplificación burocrática y el uso de las nuevas tecnologías.
El Pormian apuesta por la sostenibilidad y el medio ambiente y actualiza la posible instalación de nuevas explotaciones de acuerdo a las nuevas normativas referentes al Plan de Ordenación del Territorio (POT), la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (Renpa) o los Planes Específicos de Protección del Medo Físico (Pepmf), entre otros. Así, el 15,3 por ciento del territorio andaluz tiene prohibida la nueva actividad minera, especialmente en Cádiz, con un 30 por ciento de su superficie; mientras que el 38 por ciento de la Comunidad se rige por limitaciones medioambientales, destacando esta situación en Almería y Huelva que rondan el 50 por ciento de su espacio total.
ADAPTACIÓN A NORMATIVAS MEDIOAMBIENTALES
Partiendo de la premisa que las explotaciones ya instaladas no perderán sus licencias, las nuevas deberán acatar la prohibición o los condicionantes medioambientales establecidos en las nuevas normas. De este modo, de las más de 800 explotaciones activas, el cinco por ciento se encuentran ubicadas en áreas con la actividad prohibida para nuevas instalaciones.
De estas instalaciones, la mitad son de áridos y están ubicadas en las estribaciones de Sierra Nevada en Granada, el Cabo de Gata en Almería y la Sierra de Mijas en Málaga, mayoritariamente, según la información a la que tuvo acceso Europa Press.
Además, el 40,8 por ciento de las explotaciones andaluzas ya en funcionamiento se encuentran ubicadas en zonas con la actividad limitada por condicionantes medioambientales, concentrándose de forma mayoritaria en Almería, con un 37,8 por ciento del total. A esta provincial le sigue Granada y Huelva, con 57 y 37 explotaciones, respectivamente.
Asimismo, la superficie total de derechos mineros en Andalucía es de 2,1 millones de hectáreas, de las que el 6,3 por ciento están en áreas con prohibición y el 45,2 por ciento con condicionantes mediambientales.
I+D, FORMACIÓN Y SERVICIOS
El Pormian cuenta con cuatro ejes diferenciados, entre los que destaca el fomento de la minería, la innovación y el desarrollo empresarial, a través de la I+D+I, la cooperación y la internacionalización del sector y el aprovechamiento del potencial minero.
Además, basa en la integración ambiental de la actividad minera otra de las claves del plan, para la que prevé una dotación de 152,4 millones de euros que destina a minimizar el consumo de recursos naturales, la restauración de los terrenos y la conservación del patrimonio minero.
Igualmente, apuesta por modernizar la gestión administrativa, actualizando la normativa minera y mejorando el conocimiento para la gestión eficiente de la actividad, algo para lo que prevé un presupuesto de 21,8 millones.
Asimismo, aboga por la formación, vinculando la oferta formativa a las necesidades del sector e incrementando la seguridad, unas acciones para las que prevé un montante de casi cinco millones de euros.
