MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha descartado que vaya a quejarse ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la actuación de la juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya, al acudir directamente y por segunda vez al Congreso, y no a través del Tribunal Supremo como sería pertinente, para hacer llegar sendas notificaciones de 'preimputación' a los diputados Manuel Chaves y José Antonio Viera.
En declaraciones a los periodistas, después de que Alaya enmendara su error y trasladara las notificaciones por el cauce correcto a través del Supremo, Posada ha reiterado que no habrá una queja formal ante el órgano de control de los jueces y ha dicho que entre el Congreso y el CGPJ hay "una excelente relación".
"Estamos perfectamente coordinados en éste y en otros temas y no ha habido ruptura de esas relaciones. No va a haber ninguna queja por nuestra parte", ha mantenido Posada.
Una vez recibidas las notificaciones por el cauce legalmente establecido, el Congreso las ha trasladado de inmediato a los diputados a los que iban dirigidas. "Cuando las cosas se hacen por el procedimiento correcto se hacen con toda rapidez", ha dicho el presidente, que ha añadido que es algo que no ocurre "si se utiliza el procedimiento erróneo".
Posada no ha querido entrar en el contenido de las comunicaciones al considerar que es algo que compete a sus destinatarios y ha incidido en que lo que han hecho los servicios de la cámara en su nombre es trasladar a Chaves y a Viera lo que la juez Alaya les comunica.
El martes, en la última reunión de la Mesa del Congreso, los representantes socialistas Javier Barrero y Carmela Silva emplazaron al presidente del Congreso a elevar una queja contra Alaya al presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, que a su vez lo es del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Pero Posada prefirió templar los ánimos y limitarse a hacer llegar al Supremo la "reflexión" de que ha de ser esta institución la que debe canalizar las peticiones de los jueces referidas a diputados o senadores, como la realizada por la juez Mercedes Alaya que fue devuelta sin abrir por la Cámara.
Ese debate se produjo después de que la juez instructora del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía enviara el lunes con dos guardias civiles un requerimiento al Palacio de la Carrera de San Jerónimo tras no haber localizado en sus respectivos domicilios a dos diputados socialistas implicados en el caso, Manuel Chaves y José Antonio Viera.
