SEVILLA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario del PP-A defenderá en el seno de la Cámara autonómica una proposición no de ley en la que insta al Gobierno andaluz a crear un fondo hipotecario, para avalar a las familias que demandan una vivienda de protección oficial y no tienen avales, o para las familias que por la actual situación de crisis económica tienen especiales dificultades para pagar su préstamo hipotecario,con los intereses generados por el programa regular de subastas de excedentes de liquidez de la Junta de Andalucía.
En la proposición no de ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP-A pide garantizar que la línea de avales de 1.500 millones de euros, anunciada por el Gobierno andaluz, tenga enbuena parte como destino final a los adquirentes de viviendas de protección oficial para la obtención de los correspondientes préstamos hipotecarios.
Los populares apuestan por renegociar el convenio relativo a la financiación del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 para adaptar a la actual situación de crisis económica los requisitos impuestos a los adquirentes de una VPO para obtener un crédito hipotecario e incluir en el mismo el compromiso de estas entidades financieras de ampliar los periodos de carencia, tanto de intereses como de amortización de capital, hasta los 5 años en los créditos hipotecarios que se concedan a los adquirentes de VPO cuando concurran circunstancias de especial dificultad económica, haciéndose cargo la Administración autonómica del incremento de los costes de la hipoteca por los mayores intereses que tendrán que abonarse, a lo largo de la vida del préstamo, por la concesión del periodo de carencia.
Asimismo, el PP-A pide regular la posibilidad de que la Administración de la Junta de Andalucía pueda subrogarse en el préstamo hipotecario, tanto del promotor como del adquirente deVPO, para generar mayor garantía ante las Entidades de Crédito y facilitar así la concesión del mismo a los ciudadanos, así como establecer una deducción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con efectos desde el 1 de enero de 2008, para compensar la subida de las cuotas de las hipotecas, si fuese necesario, por la que los contribuyentes en Andalucía con préstamo hipotecario referenciado al euribor o a cualquiera de los índices de referencia oficiales, destinado a la financiación, construcción o rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya a constituir su residencia habitual,puedan deducirse de la cuota integra autonómica del IRPF el incremento anual de los costes financieros.
En la iniciativa, también reclama establecer una reducción en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en las transmisiones 'intervivos' de vivienda, que vaya a constituir residencia habitual, a favor de descendientes o hijos menores de 36 años, o discapacitados con un grado de minusvalía física o sensorial igual o superior al 65 por 100, o con un grado de minusvalía psíquica de grado igual osuperior al 33 por 100.
De igual forma, los populares apuestan por incrementar, en la reducción por donación de dinero a descendientes para la adquisición de la primera vivienda habitual, la base máxima de reducción, concarácter general, a 150.000 euros, y cuando el donatario o donatario sea un discapacitado, con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, a 200.000 euros.
El PP-A también reclama instar al Gobierno de la Nación a incrementar la deducción en el tramo estatal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por vivienda habitual del 15 al 25 por ciento y aumentar la base de deducción a 10.000 euros.
Asimismo, pide al Gobierno de la Nación que regule la posibilidad de que ciudadanos que hayan perdido o pierdan su puesto de trabajo o hayan cesado o cesen en la actividad económica que ejercían y no pueden hacer frente a las cuotas de su préstamo hipotecario sobre su vivienda habitual, todo ello derivado de la actual situación de crisis económica, puedan disponer del dinero depositado en sus planes de pensiones para afrontar este pago, con un tratamiento fiscal favorecedor al ciudadano para la utilización de esta fórmula.
Por último, exige la financiación de la construcción de 50.000 viviendas de promoción pública o alojamientos en alquiler enlos próximos cuatro años para aquellas personas que según lo establecido en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 no puedan acceder a una vivienda.
