19 de noviembre de 2019
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  • 19 de febrero de 2014

    PP y PSOE a nivel nacional negocian un texto sobre la Sareb para garantizar la defensa del interés general en su gestión

    Los socialistas creen necesario asegurar que el "experimento" del 'banco malo' "salga bien"

    PP y PSOE a nivel nacional negocian un texto sobre la Sareb para garantizar la defensa del interés general en su gestión
    EUROPA PRESS

    MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

    El PP y el PSOE van a negociar en el Congreso un posible texto conjunto para instar al Gobierno a garantizar que la gestión de la Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) buscará en todo momento defender el interés general.

    Así lo han decidido ambos grupos parlamentarios después del debate que este miércoles se ha celebrado en el Pleno del Congreso sobre una moción de los socialistas sobre el primer año de funcionamiento del llamado 'banco malo', y que en cualquier caso será votada en la sesión parlamentaria de este jueves.

    El portavoz económico del PSOE, Valeriano Gómez, cree que es necesario asegurar que el "experimento" de la Sareb "salga bien y no termine suponiendo un coste para el contribuyente". "Y eso depende sobre todo de mantener un nivel de transparencia adecuado y una independencia de las entidades financieras imprescindible. Y significa, antes que nada, que hay que recuperar toda la inversión pública", ha reclamado.

    Además, ha rechazado que el Gobierno se escude en Bruselas para justificar el diseño y funcionamiento del 'banco malo' ya que el Memorándum de Entendimiento (MoU) del rescate financiero "no se pronunciaba" sobre estos extremos y fue el Gobierno el que lo decidió. "Nosotros no lo compartimos, pero ahora ha que garantizar que se recupera el dinero de los contribuyentes", ha reiterado.

    GESTIÓN "MÁS PROFESIONAL Y TRANSPARENTE"

    Por eso, los socialistas plantean garantizar que la gestión de las operaciones de Sareb sea "más profesional y transparente" con medidas como controlar "exhaustivamente" la información sobre sus carteras ante la evolución de los precios de la vivienda, y exigir a la Dirección que defienda el interés general y evite posibles conflictos de intereses en el Consejo de Administración, donde está tanto el sector público como entidades financieras privadas.

    Asimismo, reclaman una vez más que la presidenta de la sociedad, Belén Romana, comparezca al menos una vez al trimestre ante la Comisión de Economía del Congreso para "rendir cuentas de su gestión". Y se reclama que se ceda a las comunidades autónomas y los ayuntamientos parte de las viviendas que la Sareb recibió de las entidades financieras nacionalizadas para que se integren en el parque de viviendas de alquiler social y puedan acceder a ellas víctimas de desahucios y otros ciudadanos con pocos ingresos.

    A propuesta de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), también se exigirá con la moción retirar el recurso que el Gobierno presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley Antidesahucios de la Junta de Andalucía.

    INFORME SEMESTRAL

    No obstante, los 'populares' han presentado una enmienda a esta moción con la que defienden que la gestión de la Sareb "ya es suficientemente transparente" y cuenta con "suficientes controles", pero en la que ofrecen algunas mejoras que el PSOE se ha mostrado dispuesto a incluir en su texto.

    En concreto, el principal partido de la oposición incluiría la propuesta del PP de que el 'banco malo' remita semestralmente un informe a las Cortes sobre la evolución de sus actividades y su situación económico-financiera.

    Además, se plantea velar por que haya un seguimiento "intenso" de la evolución de los precios de la vivienda y su efecto en las carteras de la Sareb para "asegurar su eficacia y cumplir con los objetivos de interés general que tiene encomendados", entre ellos que se minimice el coste de la reestructuración bancaria para los ciudadanos y que se aplique de forma "estricta" la política de resolución de los conflictos de interés con los accionistas privados del organismo.

    LAS COSAS "SE ESTÁN HACIENDO BIEN"

    El 'popular' Juan Antonio Abad ha defendido durante su intervención que las cosas "se están haciendo bien" para que España "vuelva a ser creíble" y que en ese menester ha sido fundamental la decisión de transferir activos tóxicos de las entidades financieras a la Sareb en el marco del saneamiento del sector bancario.

    "Estoy totalmente de acuerdo con que los criterios a seguir para gestionar la Sareb sean buscar el menor coste posible para los ciudadanos", ha añadido el diputado, añadiendo que el 'banco malo' es "la solución a un problema generado" por los socialistas y que su creación ha sido "un acierto".

    No obstante, ha recordado que ese objetivo de interés público está "en absoluta contradicción con la demagogia" de la oposición al reclamar la cesión de viviendas de la Sareb a las comunidades y ayuntamientos para un fin social, y ha señalado que la propia entidad ya ha ofrecido 2.000 pisos para ese objetivo, pero con la garantía de devolución para poder cumplir con el mandato de liquidar el 'banco malo' en un plazo máximo de quince años.

    SOCIALIZAR PÉRDIDAS, PRIVATIZAR GANANCIAS

    Por su parte, el portavoz de IU-ICV-CHA, José Luis Centella, ha criticado que el Gobierno "una vez más se ponga del lado de los poderosos" en lugar de defender el interés general y "convertir la vivienda en un derecho, en cumplimiento de la Constitución". "La Sareb está favoreciendo a los fondos buitre, que no tienen reparo en hacer dinero del sufrimiento de los ciudadanos. Están ustedes amparando la especulación", ha acusado a los 'populares'.

    El portavoz económico de UPyD en la Cámara Baja, Álvaro Anchuelo, ha criticado que, una vez más, se aseguren "ganancias privadas en medio de la hecatombe pública". "El sector público pone 52.000 millones de euros y el sector privado controla la sociedad y espera altas rentabilidades. Por eso compartimos la moción", ha añadido.

    La diputada de CiU Inmaculada Riera ha coincidido en que la gestión del 'banco malo' debe basarse en "principios de transparencia, eficiencia y garantía para el sistema y para los ciudadanos", y ha valorado la propuesta de ceder viviendas para alquileres sociales, recordando que algunos municipios catalanes ya han tomado una decisión en este sentido, que es "compatible con los compromisos de liquidación de la cartera de viviendas".

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