SEVILLA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
El PP-A ha registrado una proposición no de Ley en el Parlamento en la que insta a la Junta a aprobar un nuevo plan financiero de apoyo a la vivienda protegida y a que exija al Gobierno el cumplimiento del convenio de colaboración entre el Ministerio de Vivienda y Andalucía para la aplicación del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, firmado en mayo de 2009, con los objetivos de actuaciones protegidas y en los términos en que se firmó. En caso de "incumplimiento del mismo", el PP-A demanda al Ejecutivo andaluz que inicie las "acciones legales y jurisdiccionales oportunas".
Para el PP-A, "el recorte en las subvenciones para adquisición y rehabilitación, regionalizadas y no regionalizadas, en porcentajes próximos al 44 y 58 por ciento respectivamente, que se va a producir en 2011, como reflejan los PGE, son una parte de la estocada de muerte que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha infligido a la vivienda social en Andalucía".
"La otra parte de la puntilla a las políticas públicas de vivienda vendrá dada tanto por el recorte que también se produce en la Ayuda estatal directa a la entrada, que además de reducirse se destinará, en su mayor parte, a pagos correspondientes de viviendas construidas al amparo de planes de viviendas anteriores al actual Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, como por la disminución de las ayudas al alquiler destinadas a los jóvenes", según el grupo popular.
En su opinión, ya no "cabe albergar esperanzas en una marcha atrás del Gobierno de la Nación, tal como le habían exigido algunas comunidades autónomas, agentes económicos y sociales, partidos políticos y los ciudadanos en general", por cuanto el "recorte de las ayudas a la VPO es ya un hecho y el impacto que va a provocar en Andalucía va a ser cuantificable en los millones de euros que dejará de recibir Andalucía para impulsar las políticas públicas de vivienda".
Especialmente lo va a ser, a juicio de los populares, en el número de ciudadanos que no van a poder acceder a una vivienda digna y adecuada, en el número de viviendas de protección oficial que se van a dejar de promover y en el número de empleos en el sector de la construcción que se van a perder o no generar.
Para el PP-A, el Gobierno andaluz "tiene que oponerse a tal recorte y luchar por la vivienda de protección oficial en Andalucía, ya que su permisividad y no beligerancia ante este ataque frontal a los intereses de la comunidad convertiría en papel mojado el Plan Andaluz de Vivienda y en mera ilusión el derecho a una vivienda digna y adecuada, especialmente para las más de 300.000 familias andaluzas que necesitan una vivienda protegida".
