SEVILLA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
El presidente y dueño de la promotora Dolmen, José Manuel Sanz Marín, ha señalado este jueves que el retraso en la tramitación de los préstamos por parte de las entidades financieras para hacer frente a la promoción de 583 viviendas protegidas Isbylia, en Sevilla, condujo a que no se pudiera pagar las obras para terminar estas viviendas.
Así lo ha indicado, según han señalado a Europa Press fuentes del caso, durante la declaración como imputado Juan Manuel Sanz en el Juzgado de lo Penal número 3 de Sevilla, que instruye el caso de una presunta estafa a raíz de una denuncia penal presentada por empresas suministradoras de la promoción de viviendas protegidas promovidas por dicha Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la CEA.
De esta manera, ha admitido que se han producido impagos a las empresas suministradoras, si bien, por el retraso en la tramitación y la diferente burocracia para aprobar los préstamos.
Juan Manuel Sanz, según las mismas fuentes, que ha contestado a todas las preguntas, ha apuntado que Dolmen ha gestionado la promoción de estas viviendas como si la Fundación fuera un socio más de su grupo.
Cabe recordar que Juan Manuel Sanz estaba citado para el pasado 6 de marzo pero no acudió a declarar debido a que no se le pudo entregar la citación judicial al no ser localizado. Un día antes, el 5 de marzo, estaba citado el expresidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía y patrono de la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, pero finalmente no compareció al tener una cita médica.
Las empresas suministradoras de la promoción de 583 viviendas protegidas Isbylia, en Sevilla, promovida por la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la CEA, abrieron el 17 y 18 de marzo la ronda de declaraciones ante la juez de lo Penal número 3 de Sevilla.
Las empresas denunciantes son Diego y Viva CB, Euroclima 2000, Aplicaciones Maqueda, Procoenca, Industrias Tello Pintado, Gescon Instalaciones y Remoan SLU, Remoan e Inclitec, todas ellas responsables de ofrecer el servicio de suministro de climatización, albañilería, revestimientos o instalaciones de dicha promoción Isbylia, formada por 583 VPO y ubicada en Polígono Aeropuerto.
En la denuncia, estos empresarios piden que les paguen las cantidades adeudadas por dichos trabajos y aseguran que los denunciados actuaron "de común acuerdo y con la única finalidad de obtener un beneficio patrimonial ilícito, aprovechando el momento de auge inmobiliario, sobre todo en la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO), y organizaron un plan para enriquecerse con la construcción de estas últimas, valiéndose para ello de un entramado societario en el que están implicados una serie de organizaciones empresariales, como la CEA o Dolmen Consulting".
