PSOE pide a Zoido explicar a hosteleros el "problema generado de obligar" a dar a una empresa el aceite usado

Actualizado: jueves, 9 julio 2015 3:29

SEVILLA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha exigido al alcalde hispalense, Juan Ignacio Zoido, que dé explicaciones por el "problema generado" en el sector de la hostelería al "obligarles, con amenaza de sanción, a entregar de manera gratuita el aceite usado a una sola empresa adjudicataria de Lipasam", lo que asegura que supone un cambio de modelo en la gestión que cada establecimiento hacía del aceite usado y por el que cada titular alcanzaba acuerdos comerciales particulares con empresas homologadas del sector de recogida.

"Zoido y Lipasam crean un problema donde no lo había y en un sector clave para la ciudad y el turismo como es la hostelería, al romper la posibilidad de que los hosteleros planteen esos acuerdos económicos particulares entregando todo el beneficio que esa recogida genera a una sola empresa", advierte en un comunicado la concejal socialista Encarnación Martínez, que insiste en que el alcalde debe explicar qué cobertura legal tiene "el monopolio que crea esta adjudicación, puesto que ni está contemplada en ninguna ordenanza ni se ha aprobado en Pleno".

Así, insiste en que Lipasam "no puede tomar este tipo de decisiones puesto que carece de competencias", haciendo referencia a la Federación de Hosteleros que rechaza el modelo señalando la "imposición de obligación" y la "extralimitación del Ayuntamiento", según detalla.

Para los socialistas, "Zoido debe aclarar las dudas legales que rodean a esta decisión desde el inicio del proceso de licitación y adjudicación que ya fue recurrida por empresas afectadas por las dudas existentes en torno a los criterios técnicos y económicos por los que se firmó el contrato con la empresa finalmente beneficiaria".

"Si el nuevo modelo de monopolio perjudica a los hosteleros, si hay empresas de recogida homologadas que hasta ahora prestaban el servicio que se quedan fuera, si hay dudas legales sobre la adjudicación e incluso sobre el cálculo de canon fijado en 112.500 euros al año puesto que no fue ni siquiera el más alto de los ofertados durante la convocatoria, Zoido debe rectificar y empezar de nuevo la definición del sistema sentándose con las partes afectadas", concluye Martínez.