SEVILLA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado, con los votos en contra del PSOE-A y a favor de IULV-CA, una proposición no de Ley defendida por los 'populares' en la que se pedía que la Cámara instara a la Junta a exigir al Gobierno de la Nación que dé marcha atrás en su plan de suprimir y recortar las ayudas y subvenciones a la vivienda de protección oficial (VPO) anunciado por la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, en la Conferencia Sectorial para abordar el reajuste del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (PEVR), celebrada el pasado 27 de julio.
En la iniciativa del PP-A también se planteaba que el Parlamento rechazara esta medida e instara al Consejo de Gobierno a iniciar las acciones legales y jurisdiccionales oportunas en el caso de incumplimiento por parte del Gobierno de la Nación del Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la aplicación del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, firmado el 18 de mayo de 2009 por la Ministra de Vivienda y el entonces Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.
En su defensa de la iniciativa, la diputada del PP-A Alicia Martínez ha destacado que los recortes en la política social de vivienda suponen, de forma general, reducir a la mitad las ayudas a los ciudadanos para la adquisición de una VPO, y una "agresión" a los ciudadanos con menos recursos económicos, que son los que más necesitan de la Ayuda Directa a la Entrada para poder acceder a una vivienda protegida.
"Ésta es fundamental tanto para que éstos decidan adquirir una vivienda de protección oficial, como para que las entidades financieras aprueben las hipotecas que los mismos solicitan, y que ahora se verán incrementadas, por lo que la posibilidades de denegaciones de las mismas también se incrementarán", ha asegurado.
Asimismo, Martínez ha subrayado la pérdida de puestos de trabajo y de actividad económica que se van a producir por la eliminación de las subvenciones a los promotores, "ya que debido al escaso margen económico de la vivienda protegida, puede suponer la retracción de la promoción de estas viviendas sociales, lo que unido a la destrucción de empleo que se va a producir por los recortes de las inversiones en infraestructuras del transporte del Gobierno de la nación y del Gobierno andaluz, puede dar lugar a una situación de hundimiento total del sector de la construcción".
En esta línea, ha insistido en que el Grupo Parlamentario Popular defiende tanto la necesidad del mantenimiento de la política social de vivienda ante el "brutal ataque" a la misma que supone el "decretazo" que ha anunciado el Gobierno de Rodríguez Zapatero, como la de seguir impulsando la VPO para garantizar el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada con hechos, con recursos económicos y no sólo con palabras dispuestas en normativas que no lo garantizan por sí mismas.
IULV-CA PIDE LA AUTOCONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
Por su parte, el diputado de IULV-CA Juan Manuel Sánchez Gordillo ha asegurado que su formación va a apoyar esta iniciativa porque cree "justas" las reivindicaciones formuladas por el PP-A. Si bien, ha indicado que su grupo ha planteado una enmienda relativa a la recuperación de la autoconstrucción de viviendas.
En su opinión, esta iniciativa podría hacer que se construyeran el doble de viviendas con el mismo dinero que se destina en la actualidad y que los jóvenes pudieran aprender un nuevo oficio. "El que está parado podría hacerse su propia vivienda", ha explicado Sánchez Gordillo, quien ha considerado que la Ley de Vivienda está "guardada en un cajón porque no hay dinero".
PSOE-A VE UNA INICIATIVA "OPORTUNISTA"
En su turno de palabra, la diputada del PSOE-A Regina Cuenca ha calificado la iniciativa 'popular' como "oportunista y demagógica" para "desgastar" al Gobierno de la Nación y ha agregado que la exposición de motivos de la propuesta es "injusta" con los gobiernos socialistas, "comprometidos con las políticas de vivienda".
Asimismo, Cuenca ha dicho que su formación tiene muy claro que el acceso a la vivienda es un derecho, por lo el Gobierno andaluz está trabajando "con lealtad institucional" para reorientar la medida que ha adoptado el Gobierno de la Nación en relación con la vivienda de protección oficial.
