Manuel Fernández cree "inmoral" que las familias de las ancianas permitan que vivan "en mitad de la nada"
SEVILLA, 19 May. (EUROPA PRESS) -
La Autoridad Portuaria de Sevilla ha resuelto hoy la paralización "provisional" del desalojo promovido sobre las últimas siete viviendas habitadas del barrio de Astilleros, creado en la Punta del Verde hace décadas para albergar a las familias de los retenes de emergencia de la industria naval, pero no ha dejado de insistir en que la situación de "ilegalidad" que rodea a estos inmuebles y en la "discutible" ética de los familiares de las ancianas que allí residen.
El presidente de la Autoridad Portuaria, Manuel Fernández, informó a Europa Press de que, dada la solicitud de suspensión cautelar del procedimiento de desahucio, elevada por la representación jurídica de estas mujeres a la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), hoy mismo ha "firmado" la orden de "paralización provisional" del desalojo programado para el próximo 8 de junio en cuanto a estas siete viviendas, cuya propiedad ostenta la antigua sociedad Astilleros Españoles S.A. en suelos titularidad del Puerto.
Este desalojo, según dijo, está ya "paralizado", porque "vamos a respetar los calendarios" que marquen los tribunales ante las acciones judiciales promovidas por las siete inquilinas; seis ancianas y una mujer de aproximadamente 60 años viudas de trabajadores de la industria naval cuyos contratos de alquiler, todos ellos de renta antigua, fueron suscritos décadas atrás con Astilleros Españoles S.A.
No obstante, Manuel Fernández advirtió de que las viviendas en cuestión "son ilegales desde hace 22 años, según la Ley de Puertos", al tiempo que creyó "sumamente discutible" la "ética personal" de los familiares de algunas de estas mujeres, porque según él, apoyan la solución del conflicto a través de la vía judicial pero permiten que estas personas habiten "en medio de la nada, en un lugar donde no tienen equipamientos públicos ni transportes en dos kilómetros a la redonda". "Es inmoral que alguien tenga a su madre en esas condiciones", dijo ante la posibilidad de que el conflicto derive de una búsqueda de prestaciones económicas gracias a la situación de las ancianas.
Así, el presidente de la Autoridad Portuaria zanjó que el procedimiento de desahucio administrativo, y por tanto el desalojo, están sometidos a "los calendarios judiciales", pero insistió en que, "por decencia personal", los familiares de estas mujeres deberían acogerlas y "no permitir que vivieran allí, en mitad de la nada". Al tiempo, consideró que corresponde a la antigua Astilleros Españoles S.A., como propietaria de las viviendas arrendadas, buscar "una solución social, para que a estas personas se les compense, se les busque otro sitio".
EL BARRIO DE ASTILLEROS
Uno de los abogados del colectivo de mujeres e hijo de una de las implicadas, Jorge Mora, explicó recientemente que estas siete viviendas proceden de las barriadas creadas a finales de los años 40 y principios de la siguiente década por la empresa nacional Elcano, propietaria entonces de los astilleros de Sevilla. La barriada de Punta del Verde, en concreto, nació en suelos hoy adscritos a la Autoridad Portuaria para acoger a los trabajadores de un retén de emergencia para la industria naval.
Después de que en 2005 la antigua sociedad naval Izar, propiedad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entrase en liquidación para transformarse en Navantia con la venta de los astilleros de Sevilla a la iniciativa privada, un liquidador contratado a tal efecto comenzó en 2007 a negociar con los habitantes del barrio de Astilleros, en la Punta del Verde, la resolución de sus contratos de alquiler de renta antigua a cambio de una indemnización de 60.000 euros.
LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS
No obstante, seis ancianas y una mujer de unos 60 años, todas ellas viudas de trabajados de la industria naval, no se acogieron a esta oferta y, mientras en junio de 2009 Astilleros Españoles S.A. liquidaba los contratos de alquiler cuyos titulares se habían acogido al acuerdo, estas siete inquilinas afrontan actualmente un desahucio administrativo promovido por la Autoridad Portuaria como propietaria de los suelos. La sociedad naval y la institución que preside Manuel Fernández, en ese sentido, dieron anteriormente extinta "por caducidad" la concesión administrativa relativa a estos terrenos.
