La Junta reconoce la titularidad en dos casos, no cree probada la propiedad en 17 de los pisos y se produce una renuncia voluntaria
SEVILLA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -
La investigación emprendida por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio sobre las 41 viviendas públicas abandonadas por las familias de etnia gitana exiliadas del Polígono Sur, --actualmente instaladas de nuevo junto al puente de hierro de San Juan de Aznalfarache (Sevilla)--, ha resuelto ya la ausencia de acreditación de propiedad por parte de 17 de los moradores, mientras dos de las familias tienen derecho a "recuperar" sus pisos y uno de los inquilinos ha renunciado por propia voluntad a la vivienda que ocupaba.
Fuentes de la Junta de Andalucía informaron a Europa Press de que la investigación incoada por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio en cuanto a estas 41 viviendas de titularidad pública podría concluir absolutamente antes de que finalice el mes en curso, si bien el procedimiento administrativo emprendido para esclarecer su régimen de ocupación ha comenzado a dar ya sus frutos.
De hecho, el departamento de Juan Espadas ha resuelto ya que en 17 de los casos, los moradores que abandonaron tales viviendas "no han acreditado el justo título de dominio" sobre estos inmuebles de propiedad autonómica, mientras permanecen "en trámite de audiencia" 21 expedientes correspondientes a otras tantas viviendas abandonadas pese a los dos intentos protagonizados por este colectivo por recuperar estos pisos del Polígono Sur.
En cuanto a los tres casos restantes, dos de los inquilinos han acreditado debidamente "el justo título de dominio" en un caso a través de una escritura y en el otro al probar que el pago de la vivienda ha sido ya amortizado, lo que se les comunicará a través de edictos para que puedan acceder de nuevo a sus viviendas una vez que la Junta de Andalucía resuelva cuándo levantar el precinto y "en qué condiciones".
El último de estos 41 casos se ha resuelto ya al renunciar el reclamante a la vivienda en cuestión, que ha sido finalmente "recuperada" por la Oficina de Vivienda del Polígono Sur, según las fuentes de la Junta de Andalucía consultadas por Europa Press.
UNA BALA PERDIDA
Numerosas familias arraigadas en el entorno marginal de las Tres Mil Viviendas huyeron de la zona por temor a "represalias" como consecuencia del tiroteo que el pasado 29 de marzo se saldó con la muerte de un menor de etnia gitana de 17 años en la calle José Sebastián Bandarán, donde una bala perdida alcanzó en la cabeza al menor mientras presenciaba el intercambio de disparos entre clanes de etnia gitana desde un todoterreno conducido por su propio padre.
Estas familias abandonaron el Polígono Sur prácticamente al día siguiente de que se produjera este tiroteo, si bien la muerte del menor no aconteció hasta días más tarde en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Virgen del Rocío.
Mientras la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio precintaba las viviendas abandonadas para esclarecer su régimen de ocupación, pues se trata de viviendas públicas, estas familias que ya protagonizaron en 2004 el desalojo del poblado chabolista de Los Bermejales crearon un asentamiento de infraviviendas entre el puente de Juan Carlos I y el puente de hierro de San Juan, de donde fueron desalojados el 3 de julio al ser suelos del Ministerio de Economía y Hacienda.
Desde entonces, estas familias han sido expulsadas del Charco de la Pava, de la carretera que conduce a la base militar de El Copero y de dos enclaves de San Juan de Aznalfarache, con lo que actualmente se han instalado de nuevo junto al puente de Juan Carlos I a la espera de que se resuelva el conflicto vigente con el clan al que pertenecía el menor fallecido, que rechaza su retorno al Polígono Sur y que habría amenazado con vengar la muerte del joven.
