El exconsejero de Empleo desvela un informe de la Intervención General y de IDEA que avaló este sistema de ayudas
Asegura que "siempre ha tenido la conciencia de trabajar bajo el principio de legalidad presupuestaria"
SEVILLA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Anticorrupción ha preguntado durante su interrogatorio al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández si el sistema de ayudas que está investigando la juez Mercedes Alaya "fue ideado por la Junta para tener las manos libres y poder disponer de fondos públicos sin control previo ni posterior en beneficio de determinadas personas y en perjuicio del resto de ciudadanos andaluces", según han informado a los periodistas varios abogados presentes en la declaración.
Durante la tercera jornada de declaración, que ha concluido alrededor de las 23,00 horas, el exconsejero ha terminado de contestar las casi 200 preguntas formuladas por la magistrada y ha cumplimentado también el interrogatorio del Ministerio Público, compuesto por 60 preguntas, y del letrado que ejerce la acusación particular en nombre de la propia Junta de Andalucía, que ha hecho 20 preguntas, por lo que este lunes se retomará sobre las 10,00 horas la comparecencia --que ha alcanzado ya más de 30 horas-- con las preguntas del PP, acusación también en este caso.
Durante su interrogatorio, que se ha prolongado por espacio de cuatro horas y media, el Ministerio Público ha preguntado al imputado si el sistema de ayudas vigente desde el año 2001 "fue ideado por la Junta de Andalucía para tener las manos libres y poder disponer de fondos públicos sin control previo ni posterior en beneficio de determinadas personas y en perjuicio del resto de ciudadanos andaluces", a lo que el exconsejero ha contestado que "no es cierto".
En otro momento del interrogatorio de la Fiscalía, Fernández ha desvelado que un informe de la agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), refrendado por la Intervención General de la Junta, avaló y consideró "correcto" el convenio marco suscrito en 2001 por el que se regularon las ayudas que están siendo investigadas.
Así, ha explicado que en el año 2008, y una vez Juan Márquez sustituyó a Francisco Javier Guerrero como director general de Trabajo y Seguridad Social, le dio una serie de instrucciones generales en torno a las ayudas públicas relacionadas con los ERE, y en ese marco Márquez solicitó a IDEA un informe que determinara si el procedimiento de concesión de ayudas era o no correcto.
A continuación, y refrendada por la Intervención General de la Junta, IDEA contestó señalando que el procedimiento seguido, en términos generales, "era correcto, aunque había que sustituir las transferencias de financiación por las encomiendas de gestión", lo que se llevó a efecto. Así, existiría un documento interno de la Consejería de Empleo que hace referencia a este informe emitido por IDEA y refrendado por la Intervención, aunque ni uno ni otro han sido aportados al procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 6.
Asimismo, en el curso del interrogatorio de Anticorrupción y preguntado sobre por qué el sistema de encomiendas de gestión se publicó, al contrario que el convenio marco suscrito en 2001, cuando el imputado era viceconsejero de Empleo y presidente del IFA --actual IDEA--, ha respondido que ninguno de los servicios "competentes" informaron de que tuviera que ser publicado.
INCLUSIÓN EN EL ERE DE GONZÁLEZ BYASS
Durante la mañana, el imputado ha terminado de contestar a las preguntas de la magistrada, quien ha centrado la última parte de su interrogatorio en la inclusión del exconsejero en el ERE de 2008 de la empresa González Byass y le ha reprochado que se beneficiara y "no se abstuviera" de participar en la negociación del expediente, pero el imputado ha negado estos extremos, señalando además que fue en 2008, y no cuando tuvo conocimiento de la investigación judicial, cuando renunció a cobrar la póliza de prejubilación por la que le hubieran correspondido 380.000 euros.
Según ha indicado su letrado, Fernández "no sólo lo ha negado radicalmente, sino que ha mostrado sus sentimientos personales de indignación y ha puesto de manifiesto que el debate en estos términos le provoca un enorme perjuicio familiar y social", momento en el que la juez ha decretado un receso ante la creciente tensión de la comparecencia.
Así, Fernández ha explicado que el presidente de González Byass le pidió una cita en la que, en compañía del asesor jurídico de la empresa, "tuvieron la deferencia de comunicarle que iba a ser incluido por razones objetivas en el ERE y que, por tanto, perdía su puesto de trabajo", momento a partir del cual el imputado "no volvió a recibir ni a la empresa ni al comité de empresa, en línea de apartarse de cualquier acción relacionada con la tramitación del ERE y de la solicitud de ayuda sociolaboral".
SE ABSTUVO "DE HECHO"
Según su letrado, se abstuvo "de hecho" de participar en la negociación del ERE, porque no entendía que tuviera que hacerlo "formalmente" y porque no era el órgano competente para resolver el ERE, lo cual correspondía a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Socvial
No obstante, la juez entiende que el exconsejero no debería haber sido incluido en el expediente ya que mantiene que su relación laboral con la empresa "estaba extinguida". Según la juez, el imputado solicitó en 1983 la excedencia forzosa por cuatro años para incorporarse como concejal al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, pero en 1987, transcurridos esos cuatro años, no pidió la prórroga de esa excedencia ni su reincorporación a González Byass, por lo que no tenía derecho a acogerse al expediente.
Sobre la póliza de prejubilación, el imputado ha dicho que, en julio de 2008, los 94 trabajadores de González Byass fueron citados por el comité de empresa para firmar la póliza y suscribir el boletín de adhesión, lo cual fue firmado por todos menos por el exconsejero de Empleo, por lo que fue en ese momento y no al conocer la investigación judicial cuando renunció a cobrar la póliza.
AUTO DE LA JUEZ
En un auto de enero de 2011, la juez puso de manifiesto que "existen indicios para pensar que su renuncia a la percepción de tales cantidades pudo venir forzada y motivada por el devenir de las presentes actuaciones iniciada en el mes de enero".
Al finalizar el interrogatorio de la magistrada, ésta le ha preguntado si quería añadir algo más a lo ya dicho, y el imputado ha querido dejar claro que "siempre he tenido el criterio y la conciencia de trabajar bajo el principio de legalidad y de legalidad presupuestaria".
La comparecencia se retomará este lunes con las preguntas del PP --que tiene previstas más de 200-- y del resto de acusaciones, tras lo que le tocará el turno a las defensas y al letrado del exconsejero, para finalizar con la comparecencia de medidas cautelares, en la que el sindicato Manos Limpias ha anunciado que pedirá el ingreso en prisión provisional sin fianza de Fernández, todo ello a fin de que no pueda entorpecer la investigación y porque entiende que hay indicios "suficientes" de que ha cometido los hechos que se le imputan.
EL PP, "PREVISIBLEMENTE", PEDIRÁ PRISIÓN PARA EL EXCONSEJERO
De su lado, el PP, "previsiblemente", también pedirá el ingreso en la cárcel del imputado, mientras que, por el momento, se desconoce la postura que adoptará Anticorrupción, que sí solicitó el ingreso en la cárcel del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y de su exchófer, Juan Francisco Trujillo.
