5 de agosto de 2020
5 de marzo de 2014

Sánchez Rubio reitera que la dependencia "es una prioridad" para Junta pese a los "retrasos" en los pagos a entidades

SEVILLA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha reiterado que la dependencia "es una prioridad absoluta" para el Gobierno andaluz, y reconoce que "aunque se han ido reduciendo los tiempos de espera, aún hay retrasos". Además, señala que desde la Junta conocen la "inquietud" que dichos retrasos generan en las entidades locales y sociales, con las que mantienen contacto dentro de un arco de "colaboración y transparencia", porque desde su departamento "están siendo claros y realistas" y "nunca han negado las dificultades".

En la Comisión de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, donde Sánchez Rubio ha comparecido a propuesta del Partido Popular, ha querido dejar claro que "no son impagos, son retrasos" y que "no se ha dejado de asumir responsabilidades", y destaca que antes de la crisis "se pagaba puntualmente y que incluso se ha llegado a pagar por anticipado".

Asimismo, la consejera ha destacado el "compromiso" de la Junta con las entidades locales y aquellas que prestan servicios sociales y de dependencia, "intacto tanto desde un punto de vista presupuestario como de lealtad institucional", porque la dependencia "es una prioridad absoluta". De hecho, añade, el presupuesto de 2014 "es municipalista", debido a la "confianza en el papel que las corporaciones locales desarrollan en políticas sociales". Así, recuerda que la Junta ha cumplido con las corporaciones al liquidarles el pasado 30 de diciembre "el cien por cien" del fondo de Participación de Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica) por importe de 480 millones de euros.

Además, Sánchez Rubio alude a la "apuesta firme" por el servicio de proximidad gestionado por las corporaciones locales, como la ayuda a domicilio, con "246 millones de euros en 2013 en este concepto", y señala que pese a la crisis, Andalucía "atiende a 167.143 personas, lo que supone un 23 por ciento del total de personas atendidas en España, y da 227.600 prestaciones", aunque "esto último irá disminuyendo" como consecuencia del decreto de diciembre del Gobierno central que "impide que una persona cobre más de una prestación", precisa.

"Ahora --continúa-- las cosas son difíciles y es responsabilidad de todos los gobiernos y fuerzas políticas preservar el sistema de dependencia y no cargar la idea de que es insostenible, porque su sostenibilidad depende de la voluntad política", y el Gobierno andaluz tiene "una voluntad firme", pese al "desequilibrio" del Estado y la comunidad, "que se ha puesto en un 72 por ciento de la prestación económica". Además, afirma que "se conseguirá agilizar el ritmo de reposición de las personas pendientes de resolución", aunque "el 65% de los moderados están pendiente a que llegue 2015", en alusión a la reforma de la ley en 2012 que prioriza la incorporación de los grandes dependientes y severos y aplaza hasta 2015 la de los moderados.

Por su parte, la diputada popular Rafaela Obrero ha afirmado que pese a que la Consejería ha retomado la negociación desde hace unos meses, "la falta de diálogo heredada de su antecesora ha generado una incertidumbre a diputaciones, ayuntamientos y entidades locales". Además, asegura que los andaluces han percibido, primero, que la Junta "no ha estado a la altura de las circunstancias, desamparando las políticas sociales, paralizando la aplicación de ley de dependencia e incumpliendo acuerdos firmados y transferencias económicas", y segundo que estas organizaciones "han estado haciendo su trabajo sin recibir la financiación y han demostrado el verdadero compromiso para con sus vecinos".

"LA JUNTA SE HA GANADO A PULSO EL TÍTULO DE MOROSA"

Asimismo, ha asegurado que en estos dos últimos años la Junta "se ha ganado a pulso el título de morosa" y "esto no es solo crítica política sino que tiene repercusiones mayores, exigibles incluso por vía judicial", afirma, toda vez que señala que "eso se llama mala práctica política y pésima gestión económica, pero a estas alturas, y después de los ERE, ya nada nos sorprende porque ahora ese dinero buena falta hubiera hecho para pagar las políticas sociales y de empleo en Andalucía".

En este sentido, acusa a la Junta de provocar que los ayuntamientos "se vean obligados a denunciar el convenio de colaboración con la Consejería", como es el caso de los consistorios de Jaén y Sevilla. Sobre el primero, recuerda que el juez, en un auto del 10 de febrero de 2014, "da la razón al ayuntamiento jiennense", de que la denuncia del convenio "se hizo en tiempo y forma" y que el retraso "le ha generado quebranto económico en la prestación de estos servicios". Sobre este extremo, Sánchez Rubio aclara que la resolución del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Jaén "adopta medidas cautelares garantizando que el ayuntamiento de Jaén cumpla su obligación que es prestar el servicio, y le recuerda que debe mantenerla, y a nosotros que tenemos que pagarla".

Además, Obrero recuerda que el Ayuntamiento de Sevilla presentó tres contenciosos administrativo contra la Junta "para que un tribunal la obligue a pagar la deuda y los daños y prejuicios de los intereses de demora, tres contenciosos "que ya no están porque los desestimó el propio consistorio", precisa al respecto la consejera.

"Y ahora dirán que es Rajoy", señala Obrero, que ante esto recuerda a la titular andaluza que Zapatero "dejó quebrado el sistema de pensiones, un deuda de 16 millones de euros en Sanidad y un sistema de dependencia insostenible", ante lo que el Gobierno central "tuvo que adoptar medidas para proteger a las personas en mayor grado de dependencia, que ha contado con el consenso de la comunidades, y todas, excepto Andalucía, han ido adoptando y modificando".

"Es muy difícil creer en su discurso, cuando a pesar de todos los ajustes económicos, todas las comunidades están incorporando nuevos dependientes, menos Andalucía, que durante tres años ha tenido el sistema paralizado", sentencia Obrero, ante lo que Sánchez Rubio responde que "las personas que están en espera son las que el Gobierno central paralizó hasta 2015, a las que no podemos atender porque se nos impide".