Denuncian inseguridad jurídica en los visados y expedientes de reagrupación familiar
SEVILLA, 20 May. (EUROPA PRESS) -
Los letrados de los Colegios de Abogados Españoles Especializados en Extranjería consideraron hoy "urgente" que se diseñe un plan de choque para dotar de medios personales y materiales a las Oficinas de Extranjería, "para combatir los constantes retrasos que se vienen produciendo en la tramitación de los permisos de residencia y otros expedientes relativos al fenómeno migratorio", según una de las conclusiones adoptadas en el XVI Encuentro Nacional que se clausuró hoy en Sevilla y que fue organizado por el Consejo General de Abogacía y el Colegio de Abogados sevillano.
En otra de las conclusiones de este encuentro, que reunió durante tres días a más de 200 abogados españoles especialistas en la materia, se expresó que la Administración debiera "unificar criterios por seguridad jurídica" en la consecución de visados y en el régimen laboral de los extranjeros, ya que actualmente se detecta una "grave disparidad de criterios en los múltiples consulados españoles, lo que genera discriminaciones objetivamente injustificables entre unos inmigrantes y otros", según declaró a Europa Press el vicepresidente del Consejo General y decano de los Abogados sevillanos, José Joaquín Gallardo.
Asimismo, añadió que esa misma "disparidad de criterios" se observa también en la resolución de los procedimientos de reagrupación familiar, que siempre conllevan un drama humanitario necesitado de protección y amparo".
Los abogados pidieron también que la Administración acate el criterio recientemente establecido por el Tribunal Supremo, según el cual la estancia irregular no obliga a que en todo caso sea procedente la expulsión del territorio nacional, ya que debe examinarse cada concreta situación "atendiendo al principio de proporcionalidad, pues en ocasiones lo jurídicamente procedente puede ser una sanción de multa y no la sanción máxima de expulsión".
Los abogados reunidos en ese congreso acordaron también revindicar que "se establezca la obligación legal de que los menores no acompañados cuenten preceptivamente con asistencia letrada", ya que entienden que "los derechos de esos menores no quedan suficientemente amparados con la intervención de la Administración encargada de su tutela y el Ministerio Fiscal, por lo que sería necesario que además recibiesen asistencia letrada similar a la que reciben los inmigrantes mayores de edad", según señaló Gallardo.
Los asistentes a este encuentro denunciaron igualmente que se vienen produciendo por la autoridades y los funcionarios policiales "prácticas reiteradas de abuso de derecho que quebrantan el derecho a la defensa de los inmigrantes, fundamentalmente en los supuestos de polizones y llegadas masivas en pateras, en lo que prácticamente de inmediato se procede a la ejecución de las expulsiones".
