SEVILLA, 8 May. (EUROPA PRESS) -
Los grupos municipales del PP y el PA en el Ayuntamiento de Sevilla coincidieron hoy en señalar la "irresponsabilidad" del alcalde de la ciudad, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), al declarar en su momento desierto el concurso para la enajenación de los terrenos de las antiguas cocheras de Tussam del Porvenir y venderlos a la Gerencia Municipal de Urbanismo, en detrimento de la empresa Umbela 4, que había realizado la mejor oferta.
En declaraciones a Europa Press, los portavoces del Grupo municipal Popular, Jaime Raynaud, y Andalucista, Agustín Villar, explicaron que han dado notificación de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 13 de Sevilla --que condena al Ayuntamiento a pagar algo más de 30.000 euros a la empresa en concepto indemnizatorio-- a sus respectivos servicios jurídicos, para que investiguen si los responsables del Consejo de Administración de Tussam incurrieron en algún otro tipo de responsabilidad social.
Raynaud habló de la "gravísima" situación que vive el Ayuntamiento de Sevilla, "atendiendo más a los intereses personalistas y revanchistas que al interés general de la ciudadanía". El portavoz popular recordó que el propio texto de la sentencia, en este sentido, habla de "quiebra", y que el representante del PP en el Consejo de Administración de Tussam, Ignacio Flores, ya advirtió de la "ilegalidad" del proceso, por lo que éste votó en contra.
Por su parte, Agustín Villar calificó el caso como el "enésimo" en el que se demuestra que una decisión política municipal "hecha a tontas y a locas" ha acabado costando dinero al bolsillo de los sevillanos. Alegó que el caso demuestra la forma de gobernar "corrupta y despilfarradora" del equipo de Gobierno municipal, y expuso que el dinero de Tussam es el de todos los sevillanos, "que no tienen por qué costear las decisiones del alcalde".
Según publicó hoy 'Diario de Sevilla', la sentencia valora especialmente la declaración de la ex gerente de Tussam Carmen Calleja, que reconoció que la venta de las cocheras era una "subasta encubierta" para sanear las cuentas de la empresa pública.
