SEVILLA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento andaluz rechazó hoy, con los únicos votos del PSOE, una proposición no de Ley del PP, que fue apoyada por el PA y contó con la abstención de IU, en la que se pedía que la institución reprobara a los consejeros de la Presidencia, Gaspar Zarrías, y Gobernación, Evangelina Naranjo, por su "responsabilidad" en la adjudicación administrativa del casino de Tomares (Sevilla) a la sociedad Gran Casino Aljarafe S.A., que ha sido anulada por reciente suprema del Tribunal Supremo (TS), y que los populares calificaron de "escándalo" y de "trama de corrupción".
En concreto, el PP pedía en su iniciativa que el Parlamento reprobara a los titulares de Presidencia y Gobernación por su "responsabilidad" en torno a la adjudicación del Casino del Aljarafe por considerar que se produjo "en circunstancias que no respetan la legalidad, según sentencia de los tribunales", así como por "su actuación carente de objetividad al servicio de los intereses generales, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, como es su obligación ante los ciudadanos andaluces".
El diputado del PP José Luis Rodríguez manifestó ante el Pleno en defensa de la iniciativa, que la reciente sentencia del TS que anula la concesión administrativa del casino de Tomares a la sociedad Gran Casino Aljarafe S.A. obliga a la Consejería de Gobernación a retrotraer el procedimiento administrativo al momento anterior a la Orden de 29 de julio de 1998 por la que se concedió el casino, tras el recurso contencioso administrativo interpuesto por una de las empresas que se presentaron al concurso, y establece que deberá resolverse adoptando una resolución conforme a derecho, en la que habrán de tenerse en cuenta únicamente las ofertas que hubieran cumplido los requisitos contemplados en la convocatoria.
En este sentido, Rodríguez, que instó durante el debate al presidente de la Junta, Manuel Chaves, a dar explicaciones desde la tribuna de oradores sobre lo ocurrido, recordó que al concurso convocado por la Junta se presentaron nueve compañías, pero la Consejería de Gobernación "dictó un auto por el que se adjudicaba este negocio ala sociedad Gran Casino Aljarafe, nombre bajo el que se presentaba un conglomerado de inversionistas encabezados por la Corporación Nueva Marbella, accionista mayoritario de la compañía y otros inversionistas, algunos de ellos en situaciones financieras de dudosa liquidez e impagos".
Rodríguez señaló que "uno de los puntos que tuvo en cuenta la Junta es el hecho de que esta empresa se comprometió a destinar 100 millones anuales durante los cinco primeros años de funcionamiento del casino a una comisión, una especie de fundación, pero sin cobertura legal" y advierte de que "lo más llamativo no es el destino de estos fondos a una actividad de este tipo, sino la provincia en la que se ubicaba, Jaén, de la que es secretario provincial del PSOE el consejero de la Presidencia, desconociéndose la causa que justificaba por qué se irán a Jaén las inversiones, cuando el casino se ubicará en Sevilla y los requisitos exigían inversiones en esta provincia".
Consideró "escandaloso y bochornoso que un Tribunal le tenga que decir a un miembro del Gobierno andaluz que actúe conforme a derecho y que en las adjudicaciones públicas tenga en cuenta las ofertas de forma objetiva y no con carácter interesado y discrecional", por lo que defienden que, "en base a la transparencia y la regeneración democrática de las instituciones tantas veces aludida por Chaves con respecto a sus actuaciones de Gobierno", esta actuación "debería suponer la dimisión o, en su caso, el cese inmediato de los consejeros implicados en el escándalo".
En su opinión, la consejera de Gobernación debe ser reprobada "por la omisión que supone el no haber reconducido la situación en tiempo y forma a la legalidad", mientras que la del consejero de la Presidencia debe producirse por "encontrarse en el punto de mira de una adjudicación en la que se han antepuesto los intereses personales al interés general que debe orientar su actuación, incumpliendo el sometimiento al ordenamiento jurídico que en su actuación como miembros del Consejo de Gobierno le impone el artículo 103 apartado 1 de la Constitución Española".
"PURO ESPERPENTO"
Por su parte, el parlamentario del PSOE Francisco Pérez Moreno indicó que, en relación con la adjudicación del Casino de Sevilla, se ha montado toda una campaña "de mentira y exageraciones con el fin de desgastar" y apuntó que los otros partidos deberían ser más "comedidos" a la hora de leer la sentencia del TS, que, sin duda, hay que respetar. Indicó que, en modo alguno, la adjudicación fue una "decisión caprichosa, sí discutible, que el TS ha puesto ahora en su sitio".
Replicó al diputado del PP que para "escandaloso" el 'decretazo' del Gobierno de José María Aznar, que ha sido declarado inconstitucional. Dijo que pedir la reprobación del consejero de la Presidencia ya "es de libro", apuntando que nada de lo que ha dicho Rodríguez es verdad ni se mantiene, mientras agregó que la actuación del PP en este asunto es "puro esperpento".
El diputado de IULV-CA Pedro Vaquero, que recordó que su formación en 1998 ya protagonizó un debate "duro" sobre este mismo tema en el Parlamento donde puso de manifiesto que se trataba de una "adjudicación escandalosa" y pidió una comisión de investigación, indicó que actualmente hay unas sentencias judiciales que ya dan veracidad a esa afirmación.
Ahora se ha confirmado, según recalcó, que se cometió una "chapuza monumental en función de determinados intereses partidarios", mientras apuntó que, aparte de los "tejemanejes" de la Junta, se genera un problema claro como es que hay cientos de trabajadores que están en la "picota". Indicó que está totalmente de acuerdo con reprobar a los responsables de la concesión administrativa, apuntando que fue la consejera de Gobernación de ese momento, en referencia a Carmen Hermosín, ya fuera de la política andaluza.
La portavoz del grupo andalucista, Pilar González, anunció el apoyo a la propuesta del PP porque es una manera de "denunciar que el Gobierno andaluz no funciona bien, comete arbitrariedades y hace abuso de poder". Indicó que hay un "claro hecho objetivo" como es una sentencia del TS que declaró nulo el procedimiento de adjudicación, mientas que la Junta, en los últimos años, ha estado defendiendo con "uñas y dientes la legalidad" del procedimiento de adjudicación, "menospreciando cualquier denuncia de ilegalidad". Consideró que el presidente de la Junta, Manuel Chaves, ya tenía haber cesado a Zarrías y Naranjo tras la "reprobación del Tribunal Supremo".
Al finalizar el debate, el portavoz del grupo socialista, Manuel Gracia, reclamó a la presidenta del Parlamento que en el diario de sesiones no se reflejara la expresión "poca vergüenza, referida al presidente de la Junta de Andalucía", que el diputado del PP pronunció durante su intervención.
