Igualdad y Bienestar Social dotará con nuevo personal al Servicio de Protección de Menores para agilizar los trámites
SEVILLA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -
Sevilla es la provincia andaluza que acumula mayores retrasos en la resolución de procedimientos de declaración de idoneidad para la adopción internacional, según los datos facilitados por la consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, Micaela Navarro, en una respuesta parlamentaria al diputado del PA Antonio Moreno.
En la contestación, a la que ha tenido acceso Europa Press, Navarro explica que su departamento ha articulado un "plan de choque" para hacer frente a estos retrasos, que ya se ha puesto en marcha en las provincias de Sevilla y Cádiz, con el objetivo de "eliminar los atascos y listas de espera existentes en la tramitación de expedientes y reducir los tiempos de resolución del procedimiento".
En el caso de Sevilla, la titular de Igualdad anuncia que las primeras medidas irán orientadas a dotar de nuevo personal a la Delegación Provincial, que será adscrito al Servicio de Protección de Menores "y se dedicará a la tramitación y cumplimentación de trámites de expedientes de declaración de idoneidad para la adopción internacional".
Al margen del incremento de personal, Navarro informa de que "se han dado las oportunas instrucciones para dar una especial preferencia al despacho de los asuntos relacionados con la tramitación de los expedientes en cuestión y dotar de la agilidad necesaria al cumplimiento de los trámites".
INCREMENTO ANUAL DEL 43 POR CIENTO
Según la consejera, las solicitudes de adopción internacional "se vienen incrementando anualmente en aproximadamente un 43 por ciento, lo que provoca importantes cargas de trabajo en los servicios y órganos competentes para la tramitación y resolución del procedimiento de declaración de idoneidad para adopción internacional".
Por último, Navarro alerta sobre la necesidad de "no olvidar que la declaración de idoneidad de una persona o familia para adoptar a un menor, en este caso extranjero, implica la valoración y emisión de un amplio número de informes psicológicos y sociales, que han de ser desarrollados por un equipo técnico debidamente capacitado para ello que implican la intervención de varios técnicos, como mínimo un psicólogo y un trabajador social; entrevistas personales con los solicitantes; y visitas domiciliarias".
