La 'madame', también condenada a dos años de prisión, deberá cerrar su club, sito en Salteras, durante cinco años
SEVILLA, 1 May. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a 14 años de prisión a un clan compuesto por tres personas de nacionalidad rumana, una marroquí y otra española por engañar a mujeres jóvenes para que ejercieran la prostitución en un club de la localidad sevillana de Salteras.
La sentencia de la Sección Primera, a la que tuvo acceso Europa Press, acuerda además la clausura temporal del establecimiento durante el plazo de cinco años, tiempo en el que el local no se podrá dedicar ni a la actividad de negocio de bar ni a la de alojamiento "como medio de erradicar de forma efectiva las conductas delictivas" detectadas.
Los hechos ahora probados comenzaron, según argumenta el magistrado, en noviembre de 2003, cuando una persona no identificada contactó en la localidad de Galati (Rumanía) con una joven --identificada en este procedimiento como testigo protegida-- a la que le ofreció la posibilidad de trasladarse a España, donde un individuo la recogería, para trabajar como camarera en un bar.
Así las cosas, después de varios días de viaje llegó a Madrid, donde fue recibida por un compatriota que abonó todos los gastos de la joven y la llevó a un hostal a pasar el resto de la noche. A la mañana siguiente, el primero de los acusados condujo a la víctima a la capital hispalense.
Una vez en Sevilla, el inculpado llamó por teléfono a otra compañera --también condenada--, quien llevó en un taxi a la chica al citado club; establecimiento en el que se ejercía la prostitución y que estaba regentado una mujer española y un ciudadano marroquí.
Tras instalarse en una de las habitaciones del hostal aledaño al prostíbulo se le indicó que comenzaría a trabajar a las 17.00 horas, si bien descubrió instantes después por los comentarios de otras jóvenes que estaban allí alojadas que no iba a trabajar como camarera sino que tendría que ejercer la prostitución.
Ya en el salón del club, "antes las objeciones que puso", la mujer que la había llevado hasta allí le indicó que tenía que pagar el alojamiento y trabajar "quisiera o no", por lo que le facilitó una lista de precios y le indicó "cómo tenía que relacionarse con los clientes". Todas estas recomendaciones fueron hechas en presencia de otra mujer, también rumana, que tenía encomendado "el control de la actividad sexual que a cambio de dinero ejercían compatriotas suyas".
OBLIGADA A MANTENER RELACIONES SEXUALES.
Esa misma noche la joven se vio obligada a mantener relaciones sexuales con uno de los clientes y, a pesar de "no encontrarse bien", tuvo que maquillarse de nuevo y continuar con su trabajo. Las jóvenes tenían que pagar 12 euros a los responsables del local por cada cliente que subían a la habitación, mientras que el resto del dinero se lo quedaban las mujeres que las controlaban.
En días posteriores "tuvo que seguir manteniendo relaciones con los clientes bajo la vigilancia" de sus compatriotas, que la amenazaban con pegarle si se negaba a ejercer la prostitución. Cierto día, el hombre que regentaba el establecimiento le dijo a la joven que se fuera a un hostal debido "al mal estado físico que presentaba".
De esta manera, desde el día 4 de diciembre de 2.003 hasta el día 12 la víctima permaneció en un hostal sin prostituirse, aunque siempre bajo la vigilancia de las ciudadanas rumanas. Al regresar al club "los clientes desistieron de mantener relaciones sexuales por su aspecto físico", circunstancia que provocó que una ambulancia recogiera a la joven y la llevara al hospital Virgen Macarena, donde se recuperó de su situación.
El juez, que ha calificado los hechos como delitos relativos a la prostitución y contra los derechos de los trabajadores, especifica en su sentencia que en dicho club se ejercía la prostitución por mujeres jóvenes de diversas nacionalidades, siendo de Rumania un grupo significativo, que después de contactar en el salón con los clientes accedían a las habitaciones para mantener relaciones sexuales.
Una vez en recepción les facilitaban sábanas y un preservativo, siendo el lugar desde el que se controlaba el acceso así como el tiempo del servicio sexual mediante llamadas de timbre a las habitaciones, por cuyo uso tenían luego que abonar 12 euros.
Las jóvenes de nacionalidad rumana, a diferencia de otras residentes, estaban alojadas juntas en habitaciones de reducidas dimensiones.
