SEVILLA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
El juez se pronunciará en las próximas horas sobre las cinco familias que continúan ocupando ilegalmente las viviendas de protección oficial de la barriada de la Farfana de Osuna (Sevilla).
Según confirmaron a Europa Press fuentes municipales, el viernes terminó el plazo dictado por juez para el abandono voluntario de las viviendas, por lo que en las próximas horas tendrá que emitir un nuevo auto para conceder una prórroga a los ocupas u ordenar el desalojo forzoso.
Representantes de las familias se reunieron el pasado viernes con el alcalde del municipio, Marcos Quijada (IU), al que aseguraron que "iban a buscar un sitio donde ir durante el fin de semana" y quienes les planteó la necesidad de abandonar los pisos de forma voluntaria "para no perder su derecho a que se le adjudique una VPO en un futuro".
Quijada manifestó este fin de semana que las familias "no tienen una actitud beligerante" e indicó que la situación permanece "tranquila", sin ningún tipo de altercado violento.
En este sentido, planteó que "el listado de adjudicaciones es provisional y el plazo de reclamaciones está abierto para quien considere que se han vulnerado sus derechos" y recordó que la Mesa Municipal de la Vivienda "está obligada a resolver todas las reclamaciones que se presenten", además de confiar en que el conflicto se solucione sin que se haga necesario un desalojo violento.
En esta línea, el primer edil ursaonense destacó la "importante apuesta" del gobierno municipal en política de vivienda y señaló que "se le ha solicitado a la Junta terrenos para la construcción de 42 VPO en régimen de alquiler, que estarán lista en un breve plazo de tiempo, además de otra promoción de 85 viviendas en régimen especial".
Del mismo modo, explicó que el Ayuntamiento de Osuna ha solicitado la mediación del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, con la Junta de Andalucía "para que se asignen a Osuna viviendas del programa de integración social".
Por otra parte, Policía Local y Guardia Civil mantienen un operativo conjunto en las inmediaciones de las viviendas para evitar altercados, aunque aseguraron a Europa Press que la situación está "tranquila".
En anteriores ocasiones Quijada advirtió de que "se encuentran ante una orden judicial y todo el mundo tiene que ser consciente de lo que supone" y manifestó su deseo de que "se imponga la sensatez y la cordura" entre los ocupas, además de reafirmar que "la administración no puede permitir las ocupaciones violentas y así lo ha entendido el juez".
"La solución no pasa por darle una patada a la puerta", añadió el primer edil ursaonense, que denunció el martes día 10 ante el juez la ocupación ilegal de 17 viviendas de protección oficial de una promoción de 40 pisos sociales, cuya lista de adjudicación provisional se hizo pública el día anterior.
Con respecto a los ocupantes de las viviendas, el alcalde aclaró que "no todos son solicitantes a los que no se ha adjudicado una vivienda" y explicó que argumentan que "la adjudicación es injusta y que a ellos les hace más falta una vivienda", aunque aseguró que el Ayuntamiento "lleva un año analizando la situación económica, social y familiar de los solicitantes".
