16 de diciembre de 2019
25 de mayo de 2010

Sindicatos denunciarán la translación del real decreto si la merma salarial afecta a empresas públicas de Junta

SEVILLA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO-A y UGT-A estudian denunciar la translación que haga la Junta del real decreto ley de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público aprobado por el Gobierno en el caso de que el recorte salarial afectara a los empleados de las empresas públicas del Gobierno andaluz y "se vulneraran los convenios firmados en ese sentido".

Varias fuentes sindicales indicaron a Europa Press que "será difícil y complicado" que puedan acudir a la convocatoria de la Mesa General de Función Pública para el próximo jueves, toda vez que tanto UGT-A como CCOO-A tienen convocados para ese día en Madrid sendos comités confederales para pronunciarse sobre la reforma laboral, por lo que "no sabemos si podremos acudir, porque no habrá nadie en Andalucía".

Precisaron que actualmente los servicios jurídicos de los sindicatos están analizando a nivel nacional "de qué forma se podrá impugnar o recurrir el real decreto ley" y advirtieron de que "en el caso de aquellas empresas que tengan negociación colectiva propia y se vean afectadas, llevaremos a la Junta a los tribunales, ante el juzgado de lo Social".

"No se puede vulnerar el derecho constitucional que existe de mantener el salario de los trabajadores, por lo que si se recorta el sueldo de las empresas públicas de la Junta denunciaremos esa translación por incumplimiento del convenio colectivo", añadieron las fuentes, que apuntaron que "si los servicios jurídicos ve posibilidades, denunciaríamos esta translación si se producen recortes salariales en las empresas públicas".

De esta forma, explicaron que tendrán que dirimirse qué empresas públicas de la Junta se verán afectadas por la rebaja y precisaron que tendrán que ver "dónde vamos a denunciar, tanto a nivel estatal como andaluz, unos se denunciarán ante la Audiencia Nacional y otros ante el juzgado de lo Social", apuntaron fuentes sindicales, que precisaron que la Junta "deberá tomar decisiones políticas al respecto de qué empresas públicas se verán afectadas".