El presidente de la Autoridad Portuaria cree peligrosa la zona y llama a la "responsabilidad" y el "sentido común" de estas personas
SEVILLA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Manuel Fernández, manifestó hoy su esperanza de que, "por sentido común", abandonen la zona las familias instaladas en la carretera que conduce a la base de helicópteros de El Copero tras el desalojo del poblado creado entre el puente de Juan Carlos I y el puente de hierro de San Juan de Aznalfarache, porque el entorno es peligroso y carece de "habitabilidad" y porque constituye "una ocupación ilegal" que será resuelta si es necesario.
En declaraciones a Europa Press, Fernández informó de que, efectivamente, ayer se les notificó a estas familias exiliadas del Polígono Sur por temor a represalias tras la muerte de un menor en un tiroteo, que gozaban de un plazo de 24 horas para desalojar "voluntariamente" la zona de matorral y arbolado disperso en la que se han reagrupado tras el desmantelamiento del poblado del puente de hierro, extremo derivado de la orden dictada por el Ministerio de Economía y Hacienda como titular de los suelos.
El presidente de la Autoridad Portuaria reconoció que hoy ha expirado el plazo concedido ayer mismo, pero confió en que estas familias "se irán voluntariamente", sobre todo "por sentido común", porque el entorno en el que han instalado sus autocaravanas, furgonetas y enseres "carece de habitabilidad alguna" y es un espacio peligroso a cuenta de la autovía "de tráfico pesado" que atraviesa la zona, la cercana vía ferroviaria y el lago cercano a la carretera, donde "es muy peligroso bañarse".
"Se tendrán que ir", razonó el presidente de la Autoridad Portuaria, quien advirtió de que, en caso contrario, será consumada la orden de desalojo porque se trata de "una ocupación ilegal". "Si no se van, obviamente, tendremos que hacer cumplir la legalidad", dijo a Europa Press Manuel Fernández, quien apeló a la "responsabidad" de los líderes de este colectivo de etnia gitana.
EXILIO Y PACTO DE NO RETORNO
Por temor a represalias como consecuencia de la muerte de este menor, víctima de una bala perdida, estas familias abandonaron el Polígono Sur y crearon un poblado de chabolas entre los citados puentes, donde habitaban más de 300 personas sin electricidad, agua potable o cualquier comodidad en lo que algunos agentes sociales han declarado como "emergencia sanitaria", sobre todo por los cerca de cien menores contabilizados entre el colectivo.
Dado el exilio, la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio precintó las 41 viviendas de titularidad pública en las que residían en el Polígono Sur al objeto de esclarecer su verdadero régimen de ocupación, pues posiblemente sólo tres de las familias habitaba legalmente estos pisos. No obstante, el departamento de Juan Espadas no espera finalizar hasta septiembre la investigación abierta en cuanto al régimen de ocupación de estas viviendas.
Pese a dos intentos de recuperar las viviendas, el resto de las familias del Polígono Sur acordó con este clan de etnia gitana la permanencia de los exiliados en el poblado al menos hasta el mes de septiembre, pues su regreso a la zona podría derivar en un enfrentamiento abierto con la familia a la que pertenecía el menor fallecido.
