SEVILLA, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Constitucional (TC) tramitará finalmente como recurso de inconstitucionalidad el conflicto de competencias planteado por la Junta de Andalucía en relación con tres reales decretos reguladores del sector ferroviario en España aprobados por el Gobierno central en 2004 y que, a juicio del Ejecutivo andaluz, vulneran atribuciones de la comunidad autónoma.
La Junta presentó un conflicto positivo de competencias que fue admitido por el TC el pasado mes de mayo, pero el Abogado del Estado pidió con posterioridad que se tramitase como recurso de inconstitucionalidad. El alto tribunal ha dictado ahora una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que accede a dicho cambio y envía la causa al Congreso y al Senado para que puedan formular alegaciones en un plazo de 15 días si lo estiman oportuno.
El conflicto positivo de competencias promovido por la Junta se plantea contra los artículos 4.2, 5.1, 6, 47.4, 48, 57.4, 59, 71 a 77, 95, 147, 148, 152, 153, 154, 157 y 160 del Real Decreto 2387/2004, por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario; contra la disposición adicional 4ª del Real Decreto 2395/2004, del Estatuto de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias; y contra el disposición transitoria 2ª del Real Decreto 2396/2004, del Estatuto de la Entidad Pública Empresarial Renfe-Operadora.
PRIMER RECURSO ANTE EL TC CONTRA EL GOBIERNO ZAPATERO
Se trata del primer recurso de inconstitucionalidad que presenta el Ejecutivo que preside Manuel Chaves desde la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a La Moncloa y dirigido contra el Ministerio de Fomento, que preside la ex consejera de Economía y Hacienda de la Junta Magdalena Alvarez.
El Gobierno andaluz acordó el pasado 3 de mayo autorizar a su Gabinete Jurídico para plantear este conflicto de competencias al no considerar atendido el requerimiento planteado a la Administración central en febrero para que derogara los preceptos de estas normas que fueron cuestionados.
Según la Junta, diversos preceptos de estas tres normas "ignoran tanto las competencias autonómicas exclusivas sobre los servicios ferroviarios cuyo recorrido se desarrolla íntegramente en territorio andaluz como las atribuciones de ejecución sobre los servicios con origen y destino en la comunidad autónoma".
