SEVILLA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
Juan Francisco Algarín Lamela, uno de los presuntos testaferros de las "empresas pantalla" empleadas para introducir en el circuito financiero el dinero procedente de las sobrecomisiones aplicadas a las pólizas de prejubilaciones vinculadas con los ERE financiados por la Junta, ha solicitado cambiar el juzgado en el que debe comparecer periódicamente y que estas comparecencias 'apud-acta' se lleven a cabo en el Juzgado de Paz de El Ronquillo (Sevilla), ya que actualmente permanece ingresado en un centro cristiano de rehabilitación y acogida de toxicómanos y marginados ubicado en dicho municipio.
Según el acta de su última comparecencia 'apud-acta' celebrada en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, consultada por Europa Press, el imputado hizo constar que su nuevo domicilio es el centro 'Eben-Ezer', Centro Cristiano de Rehabilitación ubicado en El Ronquillo, por lo que solicitó que las próximas comparecencias se lleven a cabo en el Juzgado de Paz de dicho municipio.
De hecho, el imputado adjuntó a su petición un escrito firmado por Nozomu Yamagishi, presidente y pastor de la Iglesia Evangélica de Alcalá de Guadaíra 'Vida en Cristo' y responsable del centro 'Eben-Ezer', Centro Cristiano de Ayuda a Toxicómanos y Marginados, en el que éste certifica que el presunto testaferro "actualmente permanece ingresado en nuestro centro desde el día 14 de marzo, siendo muy favorable su actitud con los otros ingresados y su colaboración en el centro".
Asimismo, Nozomu Yamagishi aclara que el centro 'Eben-Ezer' está legalmente inscrito en los registros de Entidades Religiosas y de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales de la Junta, así como en el Registro de Entidades Colaboradoras en la prestación de Servicios Sociales de la Comunidad Canaria.
Por el momento, la juez Alaya no se ha pronunciado sobre esta petición y ha dado traslado a las partes para que aleguen al respecto.
Algarín Lamela, que llegó a ingresar en prisión por el caso ERE, está imputado por presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad documental, asociación ilícita y blanqueo de capitales.
Según apuntó en su día la Guardia Civil, Juan Francisco Algarín, que figuraba como administrador solidario de la empresa 'Distripack Transporte Urgente S.L.', habría cobrado entre marzo de 2004 y enero de 2007 un total de 12 cheques por valor de 362.500 euros.
Tras ser detenido, declaró ante los agentes de la UCO que "llevó personalmente sobres con dinero desde Mercasevilla y bares próximos a la Consejería de Empleo hasta una cafetería localizada en los bajos de la Delegación Provincial de Empleo".
Asimismo, puso de manifiesto que el dinero en Mercasevilla se lo entregaban el exdirectivo de la lonja Daniel Ponce y la funcionaria Regla Pereira.
De igual modo, el imputado aseguró en su declaración ante los agentes de la UCO que, en algunas ocasiones, en lugar de llevar sobres "llevaba fundas de ordenadores portátiles con billetes de 500 y 200 euros" en su interior, y que incluso en una ocasión se trasladó hasta Madrid para entregarle dinero "en persona" a Antonio José Albarracín, que fuera director general de la mediadora Vitalia.
