SEVILLA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha informado este jueves de que la nueva convocatoria de Ayudas al Alquiler para Personas Inquilinas en Situación de Especial Vulnerabilidad suma ya el respaldo de 19 municipios repartidos en las provincias de Córdoba, Cádiz, Málaga, Huelva y Sevilla, provincia en la que ya se habían adherido a la iniciativa las localidades de Carmona, Lebrija, San Juan, La Rinconada, y ahora también Mairena del Aljarafe.
En comisión parlamentaria, la consejera ha recordado que esta línea de ayudas ha sido impulsada en julio por la Consejería de Fomento y Vivienda con una dotación presupuestaria de 4,3 millones de euros.
La consejera de Fomento y Vivienda ha explicado que esta nueva línea de ayudas pretende "garantizar el derecho a la vivienda de la población con menos ingresos mediante alquileres asequibles", estableciendo como requisito que las administraciones con competencia en materia de vivienda se conviertan en agentes colaboradores de la Junta mediante la firma del correspondiente acuerdo y puedan así gestionar estas subvenciones para las personas con necesidad habitacional.
De este modo, según ha trasladado Cortés, una vez obtenida la condición de entidad colaboradora, estas administraciones tienen de plazo hasta el próximo 1 de octubre para solicitar las ayudas, orientadas a atender a familias en situación de especial vulnerabilidad con ingresos inferiores a 1,5 veces el IPREM (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples) --unos 11.200 euros netos--, que tienen dificultades para el abono del arrendamiento.
"Con esta subvención se garantizará que el esfuerzo económico de los inquilinos para pagar las rentas no supere el 25% de sus ingresos familiares, cumpliendo así lo establecido por la normativa andaluza en materia de vivienda", ha manifestado la consejera.
Además de este requisito económico, los receptores deberán disponer de un informe, emitido por los servicios sociales que correspondan, donde se refleje la situación de especial vulnerabilidad en relación con su composición familiar, la necesidad de vivienda, los ingresos percibidos, así como otras especiales circunstancias que deban tenerse en cuenta.
Asimismo, Cortés ha detallado que los miembros de la unidad familiar no podrán disponer de la titularidad o un derecho real de uso sobre ninguna otra vivienda ni tener relación de parentesco de primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad con la persona arrendadora del inmueble, que tampoco podrá ser su socio o partícipe.
La subvención solicitada deberá contribuir al pago de las mensualidades correspondientes al año 2014, incluso en el caso de los contratos de arrendamiento ya existentes con anterioridad a la entrada en vigor de esta convocatoria, tal y como ha detallado hoy la consejera de Fomento y Vivienda.
FONDOS AUTONÓMICOS PARA ATENDER LA REALIDAD DE ANDALUCÍA
Cortés ha destacado igualmente que el nuevo programa está financiado con fondos autonómicos y se crea "ante la demora del Gobierno central para firmar el convenio de colaboración que implica el desarrollo del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación Urbana 2013-2016, que permitiría disponer en la comunidad de fondos estatales para el fomento del alquiler".
Con independencia de otras líneas de ayudas al alquiler que se pongan en marcha a partir de la rúbrica de dicho convenio, la Consejería que dirige Elena Cortés ha desarrollado esta convocatoria con el fin de atender a las familias con limitados recursos, a quienes se garantiza el derecho humano a una vivienda digna a través del alquiler asequible. En Andalucía, el 95% de las personas demandantes de vivienda tienen ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM --unos 18.600 euros netos-- y el 60 por ciento, inferiores a una vez el IPREM --no más de 7.450 euros--, lo que constata las elevadas dificultades, por tanto, para el acceso al mercado libre del alquiler.
Según ha abundado la responsable de Fomento y Vivienda, este programa de subvenciones contribuye a combatir el stock de viviendas protegidas que aún se encuentran vacías en la comunidad autónoma, ya que permite a las entidades públicas que mantienen viviendas cerradas sacarlas al mercado en alquiler social, en tanto que es la Junta de Andalucía, a través de estas ayudas, la que completaría la diferencia entre la renta estipulada y lo que el inquilino en situación de especial vulnerabilidad puede pagar.
Igualmente, con esta medida se busca erradicar los desahucios en parques públicos de Andalucía pertenecientes a ayuntamientos o entes instrumentales por motivos de impago de alquiler, ya que las subvenciones van destinadas a ayudar a sufragar esas rentas a quienes no pueden afrontarlas.
ENTIDADES COLABORADORAS
Las administraciones públicas, los entes instrumentales dependientes de ellas y las personas jurídicas públicas con competencias en materia de vivienda, así como las entidades inscritas en el Registro de Asociaciones de Andalucía que cuenten con declaración de utilidad pública podrán funcionar como entidades colaboradoras, siempre que tengan una bolsa de viviendas en alquiler de gestión propia destinadas a familias en situación de especial vulnerabilidad. Igualmente, deberán contar con los medios informáticos necesarios para la tramitación de estas ayudas a través del Registro Telemático Único de la Junta.
Serán dichas entidades colaboradoras las que informen sobre el cumplimiento de los requisitos de las personas solicitantes y presenten en su nombre la petición de ayudas, previa puntuación de sus condiciones y las de su unidad familiar a través de los medios y formularios facilitados por la Consejería de Fomento y Vivienda. Una vez obtenida la resolución de ayuda, las entidades colaboradoras descontarán el importe de la renta mensual y, en su caso, el resto de la cantidad correspondiente para que el importe que efectivamente la persona destinataria de la ayuda no supere el 25 por ciento de sus ingresos.
PP, PSOE E IULV-CA
Por su parte, la diputada del PP-A Alicia Martínez ha señalado que esta medida de una manera similar ya se está llevando a cabo en algunas ciudades como Sevilla y Málaga, por lo que "si se trata de copiar políticas del PP, bienvenido sea".
Asimismo, ha señalado que la gestión del alquiler por parte de la Consejería es "pésima" y no han convocado ninguna ayuda de alquiler desde 2001, y ha convocado esta "sin cerrar las anteriores".
En este sentido, ha criticado que entre 2008 y 2011 se presentaron unas 25.800 solicitudes de ayudas de alquiler ante la Junta, pero "hay unas 23.000 que ni se contestaron", punto que, según ha recordado, refleja un informe del Defensor del Pueblo, quien "recomendó iniciar una investigación".
Por su parte, el diputado del PSOE Enrique Benítez ha llamado la atención sobre la política diferencia que conlleva esta convocatoria de ayudas para Andalucía frente a otras comunidades.
Así, ha considerado que se trata de una orden "muy importante" y ha advertido de que el PSOE mantendrá un seguimiento sobre quién firma esta convocatoria de ayudas "para ayudar a sus vecinos".
Por su parte, la diputada de IULV-CA Inmaculada Nieto ha criticado la realidad de desahucios que vive España y, en concreto Andalucía, una realidad a la que muchas veces asisten "con impotencia por las muchas trabas que ponen los que siguen haciendo negocio con este derecho humano".
Por último, ha detallado uno de los requisitos para acceder a estas ayudas, en concreto, estar en situación de desempleo, algo que ha valorado, aunque si bien ha señalado que "por el deterioro de las condiciones laborales hay muchos casos en el que se está trabajando pero tampoco se puede hacer frente al gasto de la vivienda".
