SEVILLA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha aceptado la petición realizada por la Junta de Jueces de Instrucción de Sevilla y ha concedido la exención en el reparto de asuntos ordinarios a la juez de Instrucción número 6, Mercedes Alaya Rodríguez.
En este sentido, fuentes judiciales informaron a Europa Press de que, en su reunión de hoy martes, la Sala de Gobierno del Alto Tribunal andaluz ha aceptado la petición realizada por la Junta de Jueces, de manera que durante los tres próximos meses la juez que investiga el caso Mercasevilla estará exenta del reparto de los asuntos ordinarios que entren en el Decanato.
No obstante, las mismas fuentes pusieron de manifiesto que esta exención es parcial, ya que la juez Mercedes Alaya Rodríguez seguirá haciendo frente a los asuntos que le entren durante sus turnos de guardia.
En declaraciones a Europa Press, el juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, ya explicó que esta medida fue acordada por la Junta de Jueces de Instrucción al objeto de "liberar" a la juez Mercedes Alaya de la "excesiva" carga de trabajo que viene soportando en las últimas fechas.
MERCASEVILLA Y LOPERA
Así, el juez decano de Sevilla recordó que, en estos momentos, la juez está investigando dos grandes asuntos, el primero de ello relativo a Mercasevilla, donde ha iniciado una investigación por la supuesta venta irregular de los suelos de Mercasevilla a Sanma --filial de Sando-- a pesar de contar con una oferta superior del Grupo Noga, caso en el que hay imputadas hasta diez personas.
Además, este asunto tiene una segunda trama por la que investiga el presunto cobro de comisiones ilegales por parte de directivos de Mercasevilla a dos empresarios del Grupo La Raza, trama dentro de la cual están imputados los ex directivos del merca Fernando Mellet y Antonio Ponce; el delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, y la funcionaria Regla Pereira.
De igual modo, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla investiga la demanda por presunto delito societario contra el máximo accionista del Real Betis Balompié, Manuel Ruiz de Lopera, interpuesta por varios grupos opuestos a su gestión.
