SEVILLA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Coordinadora de Asociaciones Independientes de Sevilla (CAIS) y la asociación de vecinos y comerciantes Pumarejo-San Luis de la capital hispalense han anunciado hoy su intención de denunciar judicialmente la próxima semana el derribo de uno de los muros de carga de la casa-palacio del siglo XVIII de la Plaza del Pumarejo, después de que la administración no haya intervenido al respecto.
El presidente de la asociación de vecinos del Pumarejo, Ángel López Hueso, indicó a Europa Press que han tomado esta decisión después de que durante más de un mes hayan intentado, sin éxito, contactar con el concejal de Presidencia y Urbanismo del Ayuntamiento hispalense, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (PSOE).
"Queríamos exponer que una cosa es el daño estructural que haya podido sufrir la casa, y que seguramente no habrá sufrido, y otra distinta el daño patrimonial, que ése sí", subrayó López Hueso, que afirmó irónicamente, ante la remisión por parte de la Secretaría de la Gerencia de Urbanismo al coordinador general, Manuel Rey, que "no pertenezco a ninguna ganadería como para que me toreen así".
Ambos colectivos presentaron el pasado mes de agosto sendos escritos en la Gerencia municipal de Urbanismo y la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en Sevilla en los que solicitan a las administraciones su intervención, toda vez que los hechos, a su juicio, podrían ser constitutivos de infracción penal según el artículo 321.
Dicho artículo reza que "los que derriben o alteren gravemente edificios singulares protegidos por su interés histórico, artístico, cultural o monumental --la casa-palacio está incluida en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía-- serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años, multa de 12 a 24 meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cinco años".
Según el escrito presentado a Junta y Ayuntamiento, al que ha tenido acceso Europa Press, se insta a que "en el menor plazo posible se ordene la reconstrucción de dicho muro, a la vez que obligue a mantener el local en su estado de catalogación a los 'moradores ilegales' del edificio".
La situación cuenta con el antecedente de 1997, cuando los vecinos solicitaron a Urbanismo el derribo de una estructura para comunicar un local con el contiguo para facilitar comida del comedor social, lo que no se consintió. La titularidad del inmueble es compartida por el Consistorio y la sociedad 'Quo Hoteles Integrados', ésta última sometida a un procedimiento de expropiación sobre su 50 por ciento de propiedad.
LOS OCUPANTES DEFIENDEN SU TRABAJO EN EL INMUEBLE
Por su parte, los vecinos de la Casa del Pumarejo defienden que las declaraciones a cuenta de este asunto buscan "desacreditar el trabajo incansable de los últimos nueve años de un grupo de personas que voluntariamente defienden un patrimonio", así como "echar por tierra un trabajo que ha conseguido no sólo que la casa siga en pie, y en manos públicas al fin, sino que además haya sido declarada monumento".
Los ocupantes del inmueble se preguntaron si esta asociación no pretende "sembrar cizaña" en las relaciones existentes entre la Plataforma por la Casa del Pumarejo y la administración municipal, señalando que son "interlocutores válidos" para la administración municipal y que los espacios "invadidos" son en realidad recuperados para el uso social y vecinal. "Del supuesto muro de carga derribado todavía estamos buscando los escombros, e intentando recordar el ruido de las piquetas, pero nada", ironizaron.
