Es necesaria una orden o decreto que autorice una ampliación de los plazos de devolución de los anticipos
SEVILLA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
Después de que el pleno de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, formada por once localidades de Cádiz y Sevilla, aprobase el documento definitivo de su expediente de liquidación repartiendo una deuda global de más de 42 millones de euros entre los ayuntamientos de tales localidades, el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), ha manifestado este martes que su institución ya está pensando en el respaldo que le corresponde prestar a los ayuntamientos sevillanos involucrados en este conflicto.
En rueda de prensa, Rodríguez Villalobos ha recordado que con este expediente de liquidación son los ayuntamientos los que, "individualmente", asumen cada uno de ellos la parte que les corresponde de la deuda global de la institución que agoniza, en este caso la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, toda vez que entre dichos municipios figuran algunos cuya situación económica es ya suficientemente delicada, como es el caso de Los Palacios y Villafranca, a cuyo Consistorio corresponde una deuda de algo más de cinco millones de euros en este reparto.
Dado que la propia alcaldesa de Lebrija, María José Fernández (PSOE), ha reclamado como presidenta de la institución en extinción mecanismos que faciliten a los ayuntamientos el pago de las obligaciones asumidas, extremo reivindicado además por los trabajadores y empresarios afectados por la quiebra de la Mancomunidad, Rodríguez Villalobos ha defendido que la Diputación trabaja ya en ese sentido.
Según recuerda, el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (Opaef) anticipa a los ayuntamientos sevillanos su recaudación y otros aspectos para facilitarles la financiación, si bien tales anticipos deben ser devueltos conforme a una "temporalidad" ya fijada. Es por ello que, según el presidente de la Diputación, a través de un "decreto u orden", el Estado primero, y la Junta de Andalucía después, pueden permitir que estos ayuntamientos gocen de un plazo "excepcional" de devolución de sus anticipos para contar con más inyección económica por parte del Opaef y más flexibilidad a la hora de afrontar las devoluciones de los anticipos con los que amortizarían la deuda asumida a cuenta de la liquidación de la Mancomunidad.
Ha hablado, así, de ampliar "a ocho o diez años" los plazos de devolución de los anticipos librados por el Opaef, explicando que operaciones similares han sido promovidas de forma "acertada" en el caso de los ayuntamientos de Marbella (Málaga) o Jerez de la Frontera (Cádiz). De momento, Villalobos asegura que la Junta estaría dispuesta a autorizar esta operación.
EL CONFLICTO DE LA MANCOMUNIDAD
Fue en septiembre de 2013, recordémoslo, cuando este expediente de liquidación fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), para ser sometido a su preceptivo periodo de información pública a cuenta de su aprobación inicial en el seno del pleno de esta institución en vías de disolución dada su crítica situación económica. Y es que el documento de aprobación inicial del expediente de liquidación, por ejemplo, contemplaba un pasivo global de 52.204.879 euros calculado a fecha de 30 de abril de 2013 según la "deuda con proveedores, trabajadores, con Hacienda, la Junta de Andalucía, ministerios y diputaciones, deuda bancaria, intereses derivados de sentencias judiciales" y la previsión del coste del sellado de los vertederos de Utrera y Lebrija.
En concreto, este pasivo sumaba 8.111.413,26 euros que los ayuntamientos adeudarían a la propia Mancomunidad y 44.093.466,34 euros del propio pasivo de la Mancomunidad. Superado el trámite de información pública, con sus correspondientes alegaciones, el documento de aprobación definitiva del expediente de liquidación contempla una deuda global de más de 42 millones de euros al asumir la Junta de Andalucía el coste del sellado de los vertederos de Utrera y Lebrija. La deuda, así, se reparte entre los once municipios principalmente en función de su participación en la institución.
El expediente de liquidación, además, contempla la enajenación mediante subasta de los bienes inventariados de este organismo, así como la reversión a los ayuntamientos de numerosos inmuebles e infraestructuras, el arbitrio de la Junta de Andalucía en cuanto al pago de la deuda que se transfiere a los ayuntamientos mancomunados y una fiscalización a manos del Tribunal de Cuentas, a la búsqueda de posibles "responsabilidades técnicas y políticas".
