SEVILLA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio ha concedido en los nueve primeros meses de 2009 subvenciones por valor de 11,58 millones de euros a un total de 261 ayuntamientos andaluces, en su mayoría de menos de 20.000 habitantes, para financiar la tramitación de los instrumentos de planificación y gestión urbanísticas.
En un comunicado, la Administración andaluza indicó que este importe consignado hasta octubre permite superar ampliamente la cuantía concedida durante todo 2008, cuando los incentivos alcanzaron los 7,6 millones de euros.
El 84 por ciento de los municipios, un total de 219, destinará las ayudas concedidas a lo largo de 2009 a sufragar la adaptación parcial de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a la ley urbanística andaluza, una figura recogida en el Decreto 11/2008 que tiene como objetivo agilizar esa adecuación con el fin de garantizar así una oferta de suelo suficiente con destino a la promoción de viviendas protegidas. Mientras que el 16 por ciento restante, 42 localidades, tienen como objetivo hacer frente o bien a todo el proceso de elaboración o bien a algunas fases de tramitación de sus planes generales.
Con esta línea de ayudas, vigente desde el verano de 2008, la Consejería de Vivienda pretende incentivar los procesos de elaboración del planeamiento municipal con el fin de liberar suelo para garantizar una oferta adecuada de vivienda a precio razonable en todos los municipios andaluces.
Estas subvenciones sufragan cinco áreas de trabajo: la redacción de planes generales y sus revisiones totales; las adaptaciones de los PGOU a las determinaciones de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA); el fomento de la participación pública en el planeamiento, su difusión y las actuaciones relacionadas con la gestión y ejecución del planeamiento urbanístico municipal.
Por provincias, Granada es la provincia donde se localiza un mayor número de subvenciones concedidas con un total de 59, de las que 53 se han cursado para financiar la adaptación parcial, mientras que las seis restantes se emplearán para la tramitación del PGOU. Todas las ayudas suman un importe de 2,35 millones de euros. Le sigue Almería, con 49 subvenciones por valor de 2,13 millones de euros. En este caso, 24 se destinarán a la vía rápida de la adaptación y 25 al desarrollo de su Plan General.
Por su parte, Jaén registra 38 solicitudes aprobadas con una inversión consignada de 1,61 millones de euros. De ese conjunto, 34 se han acogido a este incentivo para destinar la cuantía concedida a la tramitación de la adaptación parcial a la ley urbanística, mientras que cuatro lo harán para la tramitación de un nuevo Plan General.
En el caso de Sevilla se registran 41 localidades, que han recibido una ayuda por valor de 1,48 millones de euros. Todos estos municipios utilizarán el importe para desarrollar la figura recogida en el Decreto 11/2008. Por su parte, en Córdoba se ha dado el visto bueno a 20 peticiones con un importe de 1,29 millones. La mayoría de las localidades, 18, utilizará los fondos para sufragar la adaptación parcial y las dos restantes lo invertirá en el proceso requerido para la elaboración del PGOU.
En cambio, en Huelva se han otorgado 1,28 millones de euros a 31 ayuntamientos, de los que tan sólo cinco la empleará para financiar el proceso necesario para desarrollar el Plan General, mientras que el resto, un total de 26, lo dedicará a la adaptación parcial.
En Cádiz se ha autorizado la concesión de 830.936 euros para 13 localidades, que en su totalidad han pedido las ayudas para acometer la adecuación de su planeamiento a la LOUA por la vía rápida. Mientras que en Málaga diez municipios se han acogido a esta línea de incentivos, por lo que han recibido 589.000 euros. En este caso, al igual que el anterior, todos los ayuntamientos costearán la elaboración de la adaptación parcial.
Durante el pasado ejercicio, la Consejería de Vivienda ya otorgó un total de 7,6 millones de euros, a través de 116 subvenciones, que permitieron a un centenar de municipios comenzar con alguno de los procesos de tramitación urbanística contemplados en esta iniciativa.
De ese conjunto de incentivos, 85 tuvieron como objetivo costear la elaboración de la adaptación parcial de los PGOU a la normativa urbanística andaluza; 28, hacer frente o bien a todo el proceso de elaboración o bien a algunas fases de tramitación de sus planes generales; mientras que las tres restantes se otorgaron para cubrir otros aspectos relacionados con el fomento de la participación pública o la difusión del planeamiento.
DIFERENTES LÍNEAS DE AYUDAS
Las ayudas consignadas para la redacción de los PGOU pueden costear todo el proceso de elaboración o algunas fases de su tramitación, tanto en los casos en los que se formule un nuevo plan como en los que se proceda a la revisión. Aunque en los municipios mayores de 50.000 habitantes la subvención deberá emplearse de forma exclusiva en estudios para definir las políticas de suelo y vivienda, de movilidad, así como de otros sistemas generales.
Las cuantías concedidas varían entre el cien por cien del presupuesto para municipios de menos de 20.000 habitantes, y el diez por ciento para los de más de 50.000 habitantes. En el caso de la adaptación parcial de los planes a la LOUA, a través del Decreto 11/2008, la ayuda a conceder es del cien por cien del presupuesto de redacción, valorado según los criterios establecidos en la orden.
Para fomentar la participación pública y la difusión del planeamiento, se abonan ayudas que financiarán entre el 60 por ciento y el 40 por ciento del presupuesto, en función de si los municipios son menores de 10.000 habitantes o mayores de 50.000. Mientras que para acometer las actuaciones relacionadas con la gestión y la ejecución del planeamiento urbanístico municipal, la subvención a conceder oscila entre el 80 por ciento del coste para localidades con un censo menor a los 10.000 habitantes, y el 40 por ciento para municipios con una población mayor a los 50.000 habitantes.
Estas subvenciones constituyen un instrumento de impulso de la colaboración y asistencia a los Ayuntamientos en el ejercicio de la actividad urbanística, de acuerdo con las pautas impuestas por el modelo territorial andaluz.
