La Junta asegura que la adjudicación del expositor de Fitur se hizo con "transparencia" y ajustándose a la ley

Actualizado: miércoles, 18 febrero 2009 15:59

MÁLAGA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía aseguró hoy que la adjudicación del expositor de la Comunidad Autónoma en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) se realizó "con absoluta transparencia y ajustándose escrupulosamente a las normas legales".

Así, rechazó las acusaciones de la portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Esperanza Oña, que reclamó ayer al presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, la apertura de una investigación sobre la adjudicación del pabellón andaluz de Fitur a una empresa "cuyo máximo responsable ha sido condenado y que, además, cobra a la administración por ese trabajo mucho más" de lo que pedían otras empresas.

Desde la Consejería precisaron en un comunicado que la contratación del expositor se adjudicó a la empresa que reunía las mejores condiciones de acuerdo con el pliego de la convocatoria, y por un precio de 2.520.268,46 euros, una cantidad "que se hallaba en la mitad" del conjunto de ofertas presentadas.

Aseguraron que cualquier comparación con los costes de montaje de expositores de otras comunidades autónomas "carece de todo rigor y sentido", ya que, explicaron, en el caso de Andalucía el coste económico está en relación con las exigencias del pliego de prescripciones técnicas, "muy exigente y al nivel requerido por una Comunidad con gran capacidad de liderazgo y peso específico notorio en el turismo nacional e internacional".

Igualmente, argumentaron que la resolución del concurso no fue impugnada por ninguna de las seis empresas aspirantes. Además, precisaron que esta compañía lleva más de 30 años de experiencia en el sector y ha prestado servicio a todas las administraciones públicas.

Así, citaron la edición de 2004 de la Comunidad Foral de Navarra, varios expositores de distintas consejerías del Gobierno de la Comunidad de Madrid, la oficina española del Parlamento Europeo en Madrid, y otros trabajos "de manera ininterrumpida desde 1995" para la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente.