TERUEL, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
La alcaldesa de Teruel, Lucía Gómez, ha encargado la realización de sondeos en el vertedero municipal para conocer la naturaleza de las más de 1.300 toneladas vertidas, sin autorización municipal, en junio de 2005 por parte de la empresa valenciana Girsa y autorizada por la empresa que gestionar en vertedero, Daorje.
Con esta decisión, la alcaldesa contradice al concejal de Medio Ambiente, Eloy Mayo, quien ha defendido que con ese vertido ilegal no había ningún problema y que no era necesario realizar catas. Mayo admitió que la alcaldesa no le había comunicado su decisión.
Las catas las realizará la empresa Geodeser, quien deberá presentar un presupuesto para poder empezar en una o dos semanas. Daorje aseguró que los residuos se retiraron después de que los técnicos del Ayuntamiento denunciaran el vertido ilegal.
Los partidos de la oposición critican la "descoordinación" entre la alcaldesa y el concejal. El grupo municipal del Partido Popular (PP) en Teruel defiende que Lucía Gómez, "ha tomado esta decisión tras su denuncia la semana pasada del ofrecimiento de Girsa de verter al año más de 76.000 toneladas de basura, un ofrecimiento que se tardó en rechazar un año", aseveran.
La portavoz 'popular', Enma Buj, consideró que ésta es una situación "grotesca e irresponsable para parte del PSOE, pues es un tema delicado ya que estamos hablando de miles de toneladas de vertidos, y primero hay una ocultación, y ahora hay una gresca pública entre la alcaldesa y el concejal, que ha sido desautorizado al encargar las catas que él decía que no eran necesarias".
Por su parte, el concejal de CHA, Pepe Navarro, lamentó que haya pasado un año sin saber que se vertió exactamente en el basurero de Teruel. Las diferencias entre la alcaldesa y el concejal, son para Navarro un ejemplo de "descoordinación y desconfianza entre ellos, el concejal reconoce que no ha sido avisado de la decisión, y lo que demuestra es que en Teruel no hay un equipo de gobierno sino que hay un montón de concejales y una alcaldesa que van por libre, lo que perjudica a los intereses de la ciudad", aseveró.
La Fiscalía de Teruel ha abierto un expediente sobre el vertido no autorizado y lo ha remitido al Juzgado de Instrucción por un posible delito ecológico. Por su parte el Ayuntamiento abrió un expediente de rescisión del contrato con Daorje, que según el PP "podría haber caducado".
