ZARAGOZA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -
Las Cortes de Aragón han aprobado este jueves, en sesión plenaria, el proyecto de Ley de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, que entrará en vigor el 1 de enero, adaptando la normativa aragonesa a la ley estatal.
Ha presentado la iniciativa el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Ejecutivo autonómico, Modesto Lobón, quien ha expuesto que esta norma simplifica la legislación vigente, reduciendo el número de trámites y suprimiendo "problemas", pero "respetando lo fundamental". Además clarifica la terminología. El consejero ha recalcado que esta Ley "garantiza la unidad de mercado y la competitividad".
Lobón ha apuntado algunas novedades, como la obligatoriedad de consultar a otras comunidades autónomas los proyectos que incidan en sus ecosistemas y también será necesario recabar información de otras regiones sin ocurre al revés, como ya ha hecho el Gobierno regional, aunque voluntariamente, en el caso del proyecto de la mina de Borobia.
Asimismo, los parques eólicos con 15 o más generadores, o que produzcan 30 megavatios o más, deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental, una medida para adaptar la normativa estatal, que fija el mínimo en 50 generadores, a la realidad aragonesa, con instalaciones más pequeñas.
En representación de la Ponencia, el diputado popular Ramón Celma ha presentado el dictamen del proyecto de ley, en cuya elaboración han participado Elisa Sancho (PSOE), Joaquín Peribáñez (PAR), Miguel Aso (IU) y Joaquín Palacín (CHA). Ha señalado que el texto legislativo fue admitido el 18 de julio de 2014 y los Grupos de la oposición presentaron 130 enmiendas, 63 Chunta, 38 IU y 29 el PSOE.
Como representante del PP, Ramón Celma ha defendido la necesidad de actualizar la normativa aragonesa y ha puesto de relieve algunos objetivos conseguidos, como el fomento de la participación ciudadana "real y efectiva" y la simplificación y agilización de trámites.
El parlamentario del PAR, Joaquín Peribáñez, ha resaltado que esta Ley "adapta" la evaluación ambiental a los nuevos requerimientos legales y se inspira en la necesidad de hacer compatibles las actividades humanas con la conservación de la naturaleza.
CELERIDAD
Los Grupos de la oposición han destacado la celeridad con que la Ponencia ha llevado a cabo su trabajo y se han quejado del escaso número de enmiendas aceptadas por la mayoría PP-PAR.
"Nos hubiese gustado llegar a un mayor consenso", ha expresado la diputada socialista Elisa Sancho, quien ha comentado que su Grupo ha introducido nueve enmiendas de las 29 registradas. Ha destacado la búsqueda de la transparencia y de la simplificación administrativa.
El diputado de IU, Miguel Aso, se ha preguntado si la Ley "permitirá mejorar la situación medioambiental de manera significativa" y ha considerado "bastante peligrosas" algunas cuestiones reflejadas en la misma, en alusión a la autorización de los proyectos de investigación relacionados con el fracking.
Ha rechazado que algunos proyectos se puedan aprobar con leyes específicas, ya que esto "abre las puertas" a iniciativas como la unión de pistas de esquí. ha lamentado que la mayoría PP-PAR solo les ha aprobado cuatro de las 38 enmiendas que han presentado
El parlamentario de CHA, Joaquín Palacín, ha dicho que con esta Ley se propician proyectos vinculados con el fracking y ha pedido que a los promotores se les exija un estudio de evaluación ambiental también en la fase de investigación y en otros casos, como la construcción de almacenes de CO2. Ha comentado que se les han aprobado 10 enmiendas de las 63 presentadas, señalando que su Grupo pretendía aumentar la transparencia de la Administración.
