18 de junio de 2019
  • Lunes, 17 de Junio
  • 19 de abril de 2008

    Boné pide a la ministra Elena Espinosa que busque soluciones alternativas al trasvase a Barcelona

    ZARAGOZA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

    El consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, ha trasladado hoy a la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, la necesidad de que el Estado y Cataluña busquen soluciones alternativas a la propuesta de abastecimiento de Barcelona aprobada ayer en el Consejo de Ministros.

    Boné ha informado a la ministra del Acuerdo del Consejo de Gobierno extraordinario del 16 de abril de 2008, en el que el Gobierno de Aragón reiteró su oposición a cualquier trasvase del Ebro, atendiendo al artículo 19.3 del Estatuto de Autonomía de Aragón, que obliga "a los poderes públicos aragoneses a velar especialmente para evitar transferencias de aguas de las cuencas hidrográficas de las que forma parte", así como a la coalición de gobierno PSOE-PAR.

    Tal como se aprobó en el Consejo de Gobierno, Boné ha recordado a la ministra la petición de que se aporte toda la información sobre el proyecto al Gobierno de Aragón, solicitud que ya cursó por escrito el vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, a la vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, tras el acuerdo de Consejo de Gobierno.

    Asimismo, en ese mismo Acuerdo, el Gobierno de Aragón encargó a la Dirección General de los Servicios Jurídicos y a la Comisión Jurídica Asesora la elaboración de sendos informes para determinar la naturaleza jurídica del proyecto. Igualmente, y como medida preventiva, el Gobierno aragonés solicitó a las Cortes autonómicas el inicio del procedimiento para la elaboración del informe preceptivo previsto en el artículo 72.3 del Estatuto de Autonomía.

    PROCEDIMIENTO.

    El consejero ha trasladado a la ministra el malestar por haberse tratado el proyecto de forma bilateral entre el Estado y la Generalitat de Cataluña. Pese a la opinión del Estado de que no sería preciso el informe preceptivo previsto en el Estatuto de Autonomía de Aragón, Boné ha advertido de que se podría estar vulnerando el respeto al principio de unidad de cuenca, por lo que ha reiterado la necesidad de elaborar tal informe, como así se acordó en el Consejo de Gobierno.

    También ha lamentado que la reunión informativa convocada con los consejeros de todas las Comunidades Autónomas se haya realizado después de la aprobación del Real Decreto Ley por parte del Consejo de Ministros, y no se hayan convocado otros órganos de participación.

    Boné ha señalado que esta actuación está basada en una previsión de situación de sequía prolongada en el tiempo, a varios meses vista, hecho que podría no corresponder con la situación meteorológica actual y futura real.

    La complejidad en el procedimiento administrativo y la propia ejecución de la actuación propuesta (en lo referente a plazos de ejecución, análisis de impacto ambiental, información pública, etcétera) cuestionan el resultado final de esta actuación, en comparación con otras soluciones alternativas posibles, más eficaces y económicas. Incluso podría darse el caso de que, una vez acometida la fuerte inversión aprobada, la instalación ya no sea necesaria.

    El consejero aragonés ha solicitado al Estado que se estudien otras medidas para superar los problemas en las cuencas internas catalanas, de conformidad con el Decreto 84/2007, de adopción de medidas excepcionales y de emergencia en relación con la utilización de los recursos hídricos en sequía. En este sentido, ha propuesto que se profundice en otras opciones, como la de destinar al abastecimiento humano, parte de las actuales concesiones para regadíos en la cuenca del Ter-Llobregat.

    De hecho, considerando que la asignación total a las Cuencas Internas de Cataluña en el interfluvio Ter-Llobregat es de unos 157 Hm3 y están mayoritariamente dedicados a cultivos herbáceos y hortalizas, una buena parte de esta dotación podría ser reasignada para usos de abastecimiento humano del área metropolitana de Barcelona mediante una oferta económica de adquisición.

    Dicha oferta supondría un montante económico muy inferior a los 180 millones de euros presupuestados para la actuación adoptada. Sirva como ejemplo que, ayer mismo, en la última oferta de adquisición de derechos lanzada por la Confederación Hidrográfica del Júcar, se han empleado 5,5 millones de euros para conseguir un ahorro de 27 hectómetros cúbicos. En esta operación, el metro cúbico resulta a 0.2 euros, mientras que en la actuación aprobada por el Decreto Ley, se presupuestan 180 millones de euros para una transferencia de 60 hectómetros cúbicos, siendo el coste unitario, según este cálculo, de 3 euros por metro cúbico.

    Boné también ha apostado por dedicar los esfuerzos presupuestarios y técnicos en acelerar la desalinizadora de El Llobregat, para poder acortar los plazos de ejecución, que se han visto incumplidos y alargados. También se ha sugerido la construcción de más instalaciones de este tipo con las partidas presupuestarias previstas para el proyecto de abastecimiento desde el Ebro. Se trataría de soluciones permanentes y estructurales, en lugar de provisionales o temporales.

    Otras medidas a adopción de medidas de ahorro y uso eficiente del agua destinadas a la ciudadanía y la revisión y mejora urgente de las redes de abastecimiento para evitar pérdidas que disminuyan la disponibilidad del recurso.

    NECESIDADES DE ARAGÓN.

    El consejero ha recordado que la Comunidad Autónoma de Aragón ha puesto en marcha más de mil actuaciones para mejorar el abastecimiento de sus municipios, pese a lo que todavía 184 núcleos pueden sufrir, potencialmente, problemas de suministro en periodos de sequía.

    Por ello, ha pedido que se incluya para los 184 núcleos el mismo trato urgente y prioritario al amparo del Real Decreto Ley aprobado ayer en Consejo de Ministros. Asimismo, ha solicitado que se cumplan los mismos criterios fijados en el Decreto Ley en las obras del Pacto del Agua de Aragón, que ya fueron sometidas en su día a las respectivas evaluaciones de impacto ambiental, como Yesa o Biscarrués, y que tras ser modificadas a la baja han requerido duplicidad de trámites por parte del Ministerio.