ZARAGOZA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -
Izquierda Unida (IU) Aragón ha llamado al "boicot" a la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local y ha anunciado que va a promover iniciativas para que tanto la Comunidad autónoma como los municipios impulsen o apoyen la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra esta reforma ya en vigor.
En rueda de prensa, antes de participar en la reunión de la Presidencia de IU-Aragón, el responsable de Política Municipal, Pablo Muñoz, ha explicado la intención de su formación de, una vez analizada la nueva situación, explicar a la ciudadanía en actos públicos cómo va a afectar la nueva ley a los municipios.
Además, van a realizar "un llamamiento al boicot de la ley" para conseguir "toda la presión social para que no se aplique" ya que supone "privatizar, recortar, intervenir y restar democracia local", y también promoverá la presentación de recursos de inconstitucionalidad a la misma.
Muñoz ha recordado que la ley elimina competencias municipales en ámbitos como la educación, la sanidad y la acción social. Asimismo, se va a exigir un informe "preceptivo y vinculante" a la Administración competente, en su mayor parte la Comunidad autónoma, "si las quieren desarrollar", en el que se deberá garantizar que no existe duplicidad y no afecta a la estabilidad económica del municipio.
Por otra parte, la forma de gestión de los servicios públicos de los municipios de menos de 20.000 habitantes --todos los de Aragón, salvo cuatro-- será decidida por el Ministerio de Hacienda previa sugerencia de la diputación provincial correspondiente, en función "del coste efectivo".
Esto llevará, a su juicio, a la privatización de servicios, mientras que se "hurta" al pleno municipal la capacidad de decidir sobre los presupuestos, los créditos extraordinarios de tesorería o los planes económico-financieros, permitiendo "que un gobierno local en minoría, como ocurre en la ciudad de Zaragoza" lo apruebe sin que pase por pleno.
RECHAZO DE 30 ENMIENDAS A LOS PRESUPUESTOS DE ARAGÓN
Por otra parte, el diputado de IU en las Cortes aragonesas y coordinador de la Presidencia de esta formación en la Comunidad autónoma, Luis Ángel Romero, ha informado de que se les ha notificado este lunes que han sido rechazadas 30 de sus 354 enmiendas presentadas al proyecto de ley de Presupuestos de Aragón para 2014 que hacen referencia a 250 millones de euros que esta formación quería utilizar con cargo a la deuda del Gobierno.
Según ha sostenido, 200 de esos millones estaban destinados a la contratación de empleados públicos para recuperar la situación de hace dos años, 15 para incrementar el fondo de cooperación municipal, y otras cuantías para aumentar los fondos de las sociedades públicas Sodiar y Avalia con el fin de apoyar a las empresas.
Estas enmiendas no han sido aceptadas en aplicación de la ley de estabilidad presupuestaria, respecto a lo que Romero ha comentado que su formación quería "abrir un debate sobre la deuda" y proponía que el Ejecutivo aragonés negociara con las entidades financieras para refinanciar la deuda y así poder destinar ese dinero al empleo público, municipios y apoyo a empresas.
El responsable político ha lamentado que la Constitución española "no ampare las necesidades de los ciudadanos y sí de la banca".
RECURSOS HIDRÁULICOS
En otro orden de cosas, el secretario de Organización de IU-Aragón, Álvaro Sanz, ha anunciado la celebración el próximo 22 de febrero de una "gran conferencia" en el seno de esta formación "sobre la gestión de los recursos hídricos" y ante "la nueva amenaza trasvasista" del PP.
Según ha sostenido, de ella saldrá "una propuesta política que nos sirva para afrontar el nuevo ciclo electoral", para comentar que este debate se enmarcará en el modelo de desarrollo para el medio rural.
Sanz se ha referido, igualmente, a las "nuevas leyes que cercenan derechos" promovidas desde el Gobierno central, que "profundizan en el lado más rancio y duro del PP", como son "la ley mordaza" y la reforma de la ley del aborto.
En relación con esta última, ha rechazado el "regreso al nacionalcatolicismo", sobre una cuestión que "tenía que estar desterrada del debate público", para advertir de las "contradicciones profundas" que refleja el PP en esta cuestión.
