ZARAGOZA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, ha afirmado este martes que "ha llegado el momento de plantearse alternativas al fenómeno residencial tradicional" para las personas mayores, que ha sido casi "la única alternativa". El 80 por ciento de los fallecidos por COVID-19 vivían en estos establecimientos.
Dolado ha presentado este martes el Informe sobre las Residencias de personas mayores en Aragón durante el estado de alarma por
la COVID-19.
Ha señalado que "la implicación de las familias adquiere vital importancia", lamentando que "esta sociedad urbanita y estresante ha supuesto que aquello que antes era normal, cuidar en casa de nuestros mayores, se nos antoje ahora imposible por falta de espacio en las viviendas y tiempo ante horarios de trabajo extenuantes".
El Justicia ha manifestado que "el respeto y cuidado a las personas mayores, en especial a las que viven solas y están enfermas o con problemas de salud cronificados, es un tema que debería estar dentro del debate social" y que "no podemos derivar esta responsabilidad colectiva solo a los sistemas asistenciales", sino "preguntarnos qué sociedad queremos y cómo vamos a sostenerla en términos intergeneracionales".
La finalidad de este informe es conocer el impacto de la COVID-19, durante el periodo de estado de alarma en las personas que viven en residencias en Aragón, así como la afectación a profesionales y familiares.
Dolado había previsto centrar parte de su trabajo, en 2020, en las residencias de personas mayores y para ello había iniciado un plan de visitas a las mismas, que fue suspendido ante la aparición de contagios, previa al estado de alarma, realizándose la última el día 9 de marzo a la una residencia en la Almunia de Doña Godina (Zaragoza).
La pandemia y la crisis sanitaria consiguiente han vuelto a
poner de manifiesto "la vulnerabilidad de las personas mayores y de forma especial a quienes están en residencias, como refleja que el 80 % de las personas fallecidas en Aragón lo haya sido en estas".
Por ello, el Justicia de Aragón, acordó abrir un expediente de oficio, para analizar más en profundidad esta problemática, que de forma tan grave está afectando a las personas mayores que viven en residencias; conocer con ello las actuaciones que se están llevando a cabo, por parte de las administraciones públicas competentes en esta materia y recoger las valoraciones que realizan las entidades que gestionan directamente las residencias.
Para ello se seleccionaron 98 residencias a las que el Justicia dirigió una carta, justificando la apertura de expediente de oficio y solicitando su colaboración.
El cuestionario se centró en la experiencia durante el estado de alarma --del 14 de marzo al 30 de junio de 2020-- y se fijó como plazo de respuesta hasta el 30 de julio, si bien este plazo fue superado.
