Foto: EUROPA PRESS
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ZARAGOZA, 29 May. (EUROPA PRESS) -
Los tres grupos de la oposición, PSOE, CHA e IU, han presentado sendas enmiendas a la totalidad, de devolución, al proyecto de modificación de la ley de Ordenación del Territorio de Aragón, en el pleno de las Cortes autonómicas, que, no obstante, han sido rechazadas por contar con 33 votos en contra de PP y PAR, frente a los 29 favorables por lo que el cambio de la ley comienza ahora su proceso de debate.
El consejero de Política Territorial e Interior del Gobierno aragonés, Antonio Suárez, ha expuesto ante la Cámara los objetivos de la modificación, de "simplificación" para favorecer proyectos "que puedan generar actividad económica, inversión y generación de empleo", así como incidir en la coordinación de políticas territoriales en toda la acción del Ejecutivo y lograr "más transparencia y participación ciudadana".
Ha añadido que se adecua esta ley a la de urbanismo y también se incrementa la "rapidez" de los servicios de información geográfica "para la toma de decisiones de la Administración". Para eso, se realizan modificaciones sobre la ley actual, como en los planes de interés general de Aragón (PIGA), que pasan a gestionarse y coordinarse en el Departamento de Política Territorial e Interior.
Asimismo, "se abren a la iniciativa privada" en la fase inicial de declaración del interés general, mientras que la tramitación del proyecto definitivo "se hará a través de un concurso", ha dicho Suárez.
Por su parte, el Consejo de Ordenación Territorial (COTA) "amplía sus competencias de forma importante", se recogen medidas concretas para la tutela del paisaje y la información geográfica pasa a dar "información activa para posibilitar la adecuación a la realidad".
La diputada del PSOE, Carmen Sánchez, ha remarcado que esta modificación "abre la puerta de par en par a la iniciativa privada para que pueda promover, ejecutar y gestionar planes interés general de Aragón", realizando una "defensa de los intereses particulares sobre el interés general" y "subordinando lo público a lo privado, con rigidez para la Administración y flexibilidad para los promotores privados".
La parlamentaria ha recordado que la iniciativa privada "no va a los sitios donde no hay negocio", a donde tiene que ir la Administración, "a las zonas despobladas para llevar propuestas". Además, ha sostenido que la reforma propuesta genera "inseguridad jurídica" por trasladar de la ley de urbanismo artículos "sin justificación alguna" y supone un "ataque" a la autonomía municipal y la presidenta de la Comunidad, Luisa Fernanda Rudi, "se convierte en la alcaldesa de Aragón".
SOSTENIBILIDAD
El diputado de CHA, Gregorio Briz, ha estimado que la modificación de la ley, que podía contribuir a atender los problemas de sostenibilidad y viabilidad de algunos municipios y "conseguir el crecimiento poblacional", se cambia para hacer posible la promoción, ejecución y gestión por parte de la iniciativa privada de los planes de interés general de Aragón.
Briz ha indicado que la ordenación del territorio es una "competencia exclusiva" de la Comunidad y por eso el Gobierno "debería ser quien llevara la iniciativa". Igualmente, ha advertido de que, en aras a la creación de actividad y empleo, se adopte el modelo "que ha llevado a la burbuja inmobiliaria", mientras que "lo de la participación no lo vemos tan claro" y sí que "se invaden competencias urbanísticas de los municipios".
El diputado de IU, Luis Ángel Romero, ha opinado que el objetivo de la ley debería ser "evitar la despoblación", en vez de desarrollar normativas "a la carta" para "introducir a la iniciativa privada" y ha asegurado que "hay una ruptura clara" con la ley actual puesto que hasta ahora quien promovía y ejecutaba era la Administración y ahora lo podrá hacer la iniciativa privada, con un "guiño a la política desarrollista".
También ha rechazado que se deje a los municipios "en segundo plano", y que se centren todas las competencias en el Departamento de Ordenación del Territorio, en vez de aplicar una "política transversal".
"¿POR QUÉ NO?"
La diputada del PP, María del Mar Vaquero, se ha preguntado "por qué no" contar con la iniciativa privada, y ha recalcado que "no es barra libre, sino incorporarla como un elemento más de colaboración con la Administración para detectar" proyecto, siembre con un "régimen garantista y medidas de control".
Así, es la Administración "quien deberá determinar si es un plan de interés general", mientras que "si se admite el procedimiento, el proyecto final deberá hacerse por concurso público", para apuntar que es la Estrategia de Ordenación del Territorio de Aragón la que se dedica a paliar el problema de la despoblación.
El diputado del PAR, Joaquín Peribáñez, ha argumentado que "la sociedad evoluciona y las leyes tienen que hacerlo en el mismo sentido", para recalcar la importancia de la "simplificación" administrativa. Respecto a la introducción de la iniciativa privada, ha confiado en que haya "control y garantía", con el objetivo final de que "se ordene el territorio y se puedan crear los máximo beneficios posibles a favor de los ciudadanos".
